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La morosidad vecinal baja salvo cuando es el banco el que no paga

La deuda en las comunidades de vecinos de las islas ha bajado en un año de los 52 millones de euros a los 49,9 millones - Las entidades financieras mantienen sus impagos en los 9,6 millones

La recuperación del empleo en Balears se está viendo acompañada de un recorte en la morosidad de las comunidades de vecinos. lorenzo

La mejora de la economía y muy especialmente del empleo están conllevando que la morosidad de los vecinos en las comunidades de propietarios de Balears esté evolucionando a la baja. Excepto cuando es el banco el propietario de algún inmueble y se retrasa en el pago de los gastos del edificio, según lamenta el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de las islas, Pau Bonet, que no duda en calificar de "vergonzosa" esta situación.

El concreto, el valor de los impagos en las comunidades de vecinos de Balears fue durante el pasado año de 49,9 millones de euros, frente a los 52 millones de 2016, lo que supone una reducción del 4%. Un aspecto a destacar: esta deuda sigue siendo muy importante, y además se está rebajando a un ritmo inferior al de la media española, de un 7%. Los mayores recortes se han dado en Asturias, con un 9,5%; Cantabria, con un 8,7%; y Madrid, con un 8,1%.

En cualquier caso, Bonet subraya que la evolución esta siendo positiva, pero con una notable excepción. Cuando el propietario de la vivienda es una entidad financiera, la mejoría en los niveles de morosidad está siendo nula. El valor de los impagados de los bancos a las comunidades de propietarios de Balears ascendió durante el pasado año a los 9,6 millones de euros, exactamente la misma cantidad que en 2016. Aquí no ha habido mejoría.

El presidente de los administradores de fincas considera que es especialmente vergonzoso que se dé este problema si se tiene en cuenta que en muchos casos el banco es propietario de uno de los pisos porque previamente ha desahuciado al anterior titular.

Por ello, defiende que las entidades financieras hagan lo mismo que el resto delos propietarios de una finca, como es domiciliar los pagos en una cuenta para evitar las demoras en esos abonos y dejar de generar un número absurdo de gestiones antes de hacerlos efectivos.

Bonet aporta algunos datos para calibrar la importancia de este problema: la morosidad afecta a un 39,9% de las comunidades de propietarios, es decir, a cuatro de cada diez. Y los problemas para cobrar de las entidades financieras los padecen un 8% de ellas, aproximadamente en una de cada doce.

Las tensiones se registran en muchos casos porque los bancos han cedido a intermediarios el abono de las facturas, con una apreciable rotación de estos últimos que hace aún más difícil hacer los trámites para poder cobrar de ellos. ¿Y qué pasa cuando el propietario del inmueble es el Sareb (el denominado banco malo? Que conseguir cobrar "deja de ser un infierno para convertirse en dos", ironiza Bonet, en referencia a que las dificultades se multiplican.

Otro problema en las comunidades de propietarios es el del "moroso profesional", es decir, aquel que pudiendo pagar, solo lo hace cuando se adopta la decisión de llevarlo ante un juez. Entre un 20% y un 25% de las deudas corresponden a esta categoría de vecinos, lo que en el archipiélago implica un importe de entre 10 y 12 millones de euros aproximadamente.

Respecto al valor de los impagados, los administradores de fincas lo estiman en una media de 1.109 euros por cada moroso.

El presidente de los administradores de fincas señala que otro problema que se mantiene en las comunidades es el del deficiente mantenimiento del edificio, salvo cuando es obligatorio por ley, como es el caso del de los ascensores.

Pau Bonet reconoce que existe una ligera mejoría en aspectos como la mejora de fachadas, por citar un ejemplo, gracias a la recuperación financiera de las familias, pero afirma que este mantenimiento sigue siendo deficiente porque "se ve como un gasto y no como una inversión", según lamenta.

Menos alquiler turístico

El presidente de los administradores de fincas apunta que se está detectando un fuerte recorte en el número de los propietarios que, sin ser profesionales, estaban destinando su vivienda al alquiler turístico en zonas en las que se ha prohibido.

Sin embargo, advierte de que eso no va a suponer un abaratamiento en el precio del alquiler para los residentes, que en su opinión se va a mantener muy alto porque sigue habiendo mucha más demanda que oferta de viviendas disponibles.

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