El STEI ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el decreto del catalán en la sanidad. Mientras delegación de Gobierno recurrió el decreto la semana pasada al considerarlo inconstitucional, el STEI lo lleva a los tribunales al considerar que se queda corto y hace una excepción "general y sine die" del requisito del catalán con el personal sanitario cuando la normativa actual no prevé ninguna excepcionalidad.

La agrupación sindical aclaró que no han pedido la suspensión cautelar de la próxima convocatoria de oposiciones para no interferir en un proceso selectivo y de acceso a plazas que ahora mismo es "necesario para el sistema de salud de las islas".

Según informó el sindicato ayer, el decreto que regula la acreditación de la competencia lingüística en catalán a los profesionales de la sanidad pública no se ajusta a la ley 4/2016 de 6 de abril. Esta ley recoge las medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública y señala que las personas que quieren obtener una plaza definitiva en estas islas han de poder acreditar la competencia lingüística en las dos lenguas oficiales. Y no prevé excepciones como la que se ha hecho con el personal sanitario.

El objetivo de su recurso, indicó el sindicato, es "que se haga efectiva" la normalización lingüística en Balears (según la normativa de 1986) y un tratamiento igualitario del castellano y el catalán.

"La atención al paciente ha de ser de calidad y las personas que asistan a un centro sanitario han de poder elegir en qué lengua se quieren comunicar", apuntó el sindicato en un comunicado: "Por eso el profesional sanitario ha de tener la necesaria capacidad lingüística en las dos lenguas oficiales para poder garantizar esta comunicación".

Respecto a los detractores del decreto que alertan del riesgo de que quedan plazas sin cubrir en el sistema público de salud por exigir el catalán, el STEI indicó ayer que ha propuesto en distintos fórums "la manera de hacer compatible el pedir el catalán y no dejar ninguna plaza sin cubrir por este motivo", pero ninguna de estas aportaciones, lamentó el sindicato, fue atendida.

"Estos profesionales hace tiempo que se preparan para cumplir con este requisito: hay leyes a nivel estatal que lo prevén desde 2003 y muchos de estos trabajadores ya tienen el nivel que se les puede exigir", argumenta la entidad sindical en el comunicado remitido ayer, que concluye reiterando su defensa "del derecho a hablar las dos lenguas oficiales en la sanidad pública". Su tesis es que si mejora la comunicación y la atención al paciente "también mejorará el diagnóstico; el seguimiento del tratamiento y la calidad general del sistema de salud público".