La Agencia Tributaria de Balears (ATIB) pondrá sus medios para tratar de cobrar 4,6 millones de euros pendientes de pago por infractores urbanísticos en Mallorca. El Consell impuso el año pasado sanciones por hasta 5,75 millones de euros a construcciones ilegales y, sin embargo, sólo ha podido ingresar 1,15 millones. Por ello, la institución insular ha pedido ayuda al Govern para que quien se encargue de cobrar las sanciones pendientes sean los servicios de la Hacienda balear.
La consellera de Territorio del Consell, Mercedes Garrido, de quien depende la Agencia de Defensa del Territorio (ADT) -antes Agencia de Disciplina Urbanística-, firmó ayer con la consellera de Hacienda del Govern, Catalina Cladera, un convenio por el cual durante los próximos cuatro años será la Agencia Tributaria de Balears (ATIB) quien se encargará de gestionar la recaudación de las multas urbanísticas del Consell. Garrido no tuvo reparos en admitir que el objetivo de este acuerdo es lograr incrementar la recaudación de las sanciones que, informó, no alcanza el 20 por ciento de las sanciones interpuestas durante el último año. Concretamente, un 19 por ciento, que sólo representa 1,15 de los 5,75 millones de euros de las sanciones de 2017.
Falta de medios del Consell
La razón de la baja recaudación es la falta de medios del Consell para conseguir hacer pagar a los infractores urbanísticos, según señaló la propia consellera insular de Territorio "¿Por qué es tan baja? Porque el servicio de recaudación de la Agencia de Defensa del Territorio es el mismo servicio que recauda para todo el Consell", explicó Garrido, que confía que, en manos de la Agencia Tributaria, los ingresos por ese concepto aumenten notablemente.
"La Agencia Tributaria tiene los medios suficientes para conseguir el cobro de las sanciones y hacer que la gente pague", detalló la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, que también insistió en que bajo la gestión de la Hacienda autonómica aumentará el porcentaje ingresado de sanciones.
La ADT es el órgano del Consell responsable de la vigilancia del cumplimiento de las normas urbanísticas en la isla y encargado de abrir los expedientes sancionadores. Durante el años 2017, según detalló el área de Territorio y Carreteras de la infracción insular, la Agencia impuso sanciones por un total de 5,75 millones de euros. De estos, 4'8 millones corresponden a las sanciones impuestas por infracción urbanística, mientras que el resto, 950.000 euros son resultado de las multas coercitivas a aquellos infractores que no llevan a cabo la demolición dentro del período indicado. En total, en 2017 se sancionó a 163 infractores por no demoler sus edificaciones ilegales. El año 2016, la recaudación en sanciones del órgano urbanístico no superó los 1,7 millones de euros. Este año ya se ha ordenado la demolición de 19 edificaciones en la isla.
A repartir entre ayuntamientos
La consellera de Territorio, Mercedes Garridos, recordó que la recaudación de las sanciones de la ADT "se reparte entre los ayuntamientos" y que si, fruto del convenio firmado para que la Hacienda balear se encargue de su ingreso aumenta, "esta cantidad a repartir puede ser mucha más".
Más allá de la recaudación, la competencia para sancionar y el resto de trámites de los expedientes los seguirá manteniendo la Agencia de Defensa del Territorio. El acuerdo prevé también una interconexión de los sistemas informáticos de los dos organismos para que cualquiera de estas entidades pueda tener constancia inmediata de cualquier actuación que se pueda llevar a cabo en el ámbito de esta colaboración.
