Para dentro de menos de dos años, en 2020, España y el resto de miembros de la Unión Europea, se han comprometido a reducir un 20 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero, en relación con los niveles de 1990. Un horizonte que persigue cambiar el modelo de desarrollo por uno más "inteligente, sostenible e integrador".
Si la pregunta es cómo va Balears a contribuir a esta reducción del 20% de las emisiones, el panorama es poco esperanzador. En 1990, la emisión de gases de CO2 a la atmósfera desde las Islas fue de 5,6 millones de toneladas, que llegaron a los 9,9 en 2011, lo que supone un incremento del 75% durante el período. Los datos están recogidos en un informe de la UIB. De cada tonelada de Co2 que genera Balears, un 35% corresponde al transporte, sin contar el aéreo ni el marítimo, por tanto el papel que juega la movilidad en el cumplimiento de los compromisos ambientales es fundamental.
El incremento del parque móvil en un 60% por lo que se refiere a turismos en dos décadas y un 42% más del tráfico en los últimos diez años, evidentemente hacen imposible cualquier otro resultado que un crecimiendo desbocado de las emisiones procedentes del transporte.
Aunque el director del Laboratorio de Investigación Interdisciplinar sobre el Cambio Climático de la UIB, el físico Damià Gomis, recuerda que los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero son estatales y "nadie nos vendrá a examinar", apunta que si como Balears queremos cumplir con el Acuerdo de París, lo tenemos "complicado porque las islas tienen una penetración de energías renovables de sólo el 3 por ciento". Ante este escenario, el experto en cambio climático cree que no es suficiente con electrificar el parque automovilístico de Balears y generar la electricidad con energías renovables, sino que "lo que debe abordarse también es la reducción de la flota de transporte privado".
Planes de movilidad
De momento pocos se ha tomado en serio la reducción del número de coches como un elemento clave en la reducción de la contaminación. Es suficiente con leer el Plan de Mitigación del Cambio Climático aún vigente, que en estos momentos se está revisando. Los autores afirman que "sería necesario elaborar un estudio de movilidad por islas, lamentablemente el último es de los años 2000 y 2001". Aquel estudio, realizado mediante encuestas, concluyó que el transporte público no es una opción real para la mayoría de ciudadanos, que optan por motorizarse individualmente. El Govern balear presentará este próximo mes de junio un nuevo Plan de Movilidad que, de momento, se sabe que incluirá la propuesta de prolongar la línea de metro hasta el Parc Bit y, probablemente, hasta el hospital de Son Espases, entre otras propuestas relacionadas con el transporte público. El Consell de Mallorca, por su parte, se ha comprometido a estudiar el aumento desbocado de vehículos en el área metropolitana de Palma para, después, proponer medidas correctoras como por ejemplo la habilitación de párquings disuasorios en los accesos a Palma, aunque el Plan todavía no ha salido a licitación y la consellera insular de Territorio e Infraestructuras, Mercedes Garrido, no se atreve a vaticinar si estará listo antes de que acabe su mandato, justo dentro de un año.
La ley de Cambio Climático que tramita actualmente el Govern pretende substuir de forma gradual el parque automovilístico hasta que sea cien por cien eléctrico en 2050. Para hacerlo de forma paulatina, no podrán matricularse coches diésel a partir de 2025, y a partir de 2035 los coches de gasolina. Entonces, se prohibirá la venta de vehículos con este tipo de combustibles.
Por otro lado, el Govern, con el director general de cambio climático a la cabeza, han optado por reducir la contribución de gases de efecto invernadero en la producción energética, responsable del 50% de las emisiones. La apuesta de Joan Groizard es el cierre de Es Murterar, donde se quema carbón en pleno siglo XXI. Una decisión que no es de competencia balear, sino que depende de Madrid.
