El dueño de Miguel Socías Soler, una distribuidora y manipuladora de alimentos de Inca, admitió ayer en el juzgado de instrucción 1 de Inca que reetiquetó de manera ilegal alimentos a punto de caducar para revenderlos después. El empresario compareció como investigado por un presunto delito contra la salud pública y defendido por el abogado Diego Wencesblat.
La jueza Olga Vicario abrió el pasado 22 de febrero diligencias tras recibir una denuncia de la dirección general de Salud Pública de la conselleria de Salud por un presunto delito relacionado con los alimentos. El industrial está acusado de reetiquetar comida para evitar su caducidad y sacarlo a la venta, poniendo en riesgo la salud de los consumidores.
Antes de la actuación judicial, inspectores de ese departamento y la Guardia Civil habían ordenado la suspensión de actividad de la empresa, situada en una nave del polígono Can Matzarí de Inca.
Al parecer, la empresa habría manipulado alimentos próximos a caducar, básicamente quesos, patés y fiambres, reconvirtiéndolos en queso rallado o en productos bajo otros formatos, cambiándoles el etiquetado y volviéndolos a comercializar evitando, de esta manera, las pérdidas que les habría supuesto su eliminación al no ser ya aptos para el consumo humano.
El investigado solo quiso contestar ayer a las preguntas de su abogado y no quiso responder a la abogada del Govern, que ejerce la acusación particular. El industrial confesó que manipuló las etiquetas de productos que eran aptos para el consumo y aseguró que no va a volver a hacer esas prácticas ilegales.
El encausado también resaltó que colaboró con los inspectores de la conselleria de Salud y que subsanó todas las deficiencias que detectaron en sus visitas a su distribuidora.
Posible conformidad
Fuentes próximas a caso señalaron que la admisión del reetiquetado por el empresario puede indicar que éste busca minimizar su responsabilidad en los hechos con una sentencia de conformidad.
El mismo 22 de febrero, inspectores de Salud visitaron de nuevo la nave y comprobaron que la empresa había adoptado diversas medidas para facilitar el control del sistema de etiquetado de los productos. Asimismo, se habían separado los alimentos a punto de caducar o de superar la fecha de consumo preferente del resto de género. Poco después, el Govern levantó la suspensión y la empresa reanudó con normalidad su actividad.
En la nave de Inca quedaron almacenados unos productos caducados y no aptos para el consumo que ya han sido destruidos.
La empresa tiene un amplio catálogo de productos que incluye marcas conocidas y suministra a restaurantes y hoteles.
