El director general del Ibsalut, Juli Fuster, ha afirmado este miércoles por la tarde que si el Tribunal Constitucional deja en suspenso el decreto del catalán en la sanidad balear, se mantendría la convocatoria de oposiciones pero a los aspirantes se les aplicaría la Ley de la Función Pública, "mucha más dura" en las exigencias de conocimiento de catalán que el decreto ya que, de entrada, para la mayoría de las plazas la exigencia del catalán sería inmediata y no a los dos años. Fuster ha efectuado estas declaraciones tras la comparecencia de la consellera de Salud, Patricia Gómez, a petición del PP, para explicar el decreto del catalán. En su intervención Gomez también ha advertido de que si prospera el recurso de la delegada del Gobierno, María Salom, contra el decreto habría que aplicar la ley. "Estos recursos forman parte de una persecución constante a las decisiones de esta Comunidad Autónoma", ha dicho.

Este recurso por posible inconstitucionalidad del decreto del catalán ha sobrevolado sobre las más de dos horas de comparecencia de Gómez, aunque la consellera se ha centrado en todo momento en defender el contenido del decreto con independencia de la decisión de Delegación del Gobierno. Ni el PP ni Ciudadanos han incidido en esta cuestión y se han centrado en las críticas que han lanzado desde la aplicación del decreto. El popular Vicenç Serra ha insistido en que dificultará la llegada de profesionales a una Comunidad en la que hay déficit de médicos en varias especialidades, mientras que Olga Ballester, de Ciudadanos, se ha centrado en la "eliminación de un plumazo de derechos de los trabajadores" como el acceso a la carrera profesional o a la movilidad para quienes, una vez obtenida la plaza en las oposiciones, no acrediten a los dos años que cuentan el nivel exigido del catalán. Gómez ha rechazado estas críticas y ha afirmado que el decreto de catalán "no ha tenido ni tendrá ninguna repercusión negativa en la sanidad balear" y que no se ha traducido en una disminución de médicos que quieran venir a las islas. En cuanto a los límites para el acceso a la carrera profesional y la movilidad, ha negado que suponga una eliminación de derechos.

En su exposición, la consellera ha defendido que si se mejora la comunicación "entre los usuarios y los profesionales del sistema de salud se mejora la calidad de la atención sanitaria". Ha insistido en que ninguno de los profesionales sanitarios que se presenten a las oposiciones y obtengan una plaza la perderán si no acreditan en dos años el nivel de catalán exigido. "Me sorprenden todos los que dicen que se van por la exigencia de catalán, que han sido cuatro personas, porque por ahora nadie se lo ha pedido", ha afirmado.

"Juzguen ustedes mismos si un profesional sanitario, altamente cualificado, no puede dedicar un corto espacio de tiempo para obtener el nivel B1 de catalán, con años por delante para hacerlo, para asegurarse que se entiende con toda la población que ha de atender, castallano y catalano parlantes, precisamente en una profesión donde el lenguaje y el entendimiento son capitales", ha dicho a los diputados.