Las siete asociaciones profesionales de la judicatura y fiscalía calificaron ayer de "masivo" el seguimiento en Balears de la huelga de jueces y fiscales, convocada a escala nacional y para reclamar una Justicia con mejores medios y más independiente. Alrededor de 105 jueces y fiscales de una plantilla total de 201 profesionales se unieron ayer en las islas a un paro en favor de una Justicia mejor.
En números absolutos, 74 de los 138 jueces destinados en las islas secundaron el paro, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ayer por la tarde. El seguimiento fue masivo en los partidos judiciales más pequeños: Inca, Manacor, Eivissa y los dos de Menorca, mientras que en Palma pararon 42 de los 62 magistrados.
Fuentes de la fiscalía señalaron que no disponían de cifras sobre el seguimiento en las islas, pero añadieron que había sido similar al estatal, es decir un 50 por ciento de participación. Así, de 63 fiscales, habrían secundado la protesta unos 31, lo que unidos a los 74 de la judicatura, da la cifra de 105.
El TSJB también informó de que se suspendieron 258 juicios y actuaciones judiciales en las islas. El ministerio de Justicia no estableció unos servicios mínimos, pero durante la huelga se han prestado los servicios de guardia y se han atendido los asuntos más urgentes.
Según explicó al mediodía el magistrado Jaime Tártalo, de la Asociación Francisco de Vitoria, en la Audiencia se suspendieron tres vistas que estaban señaladas y también todas las deliberaciones de otras causas.
El edificio judicial de Vía Alemania estuvo prácticamente sin actividad durante toda la mañana: pasillos habitualmente repletos de ciudadanos aparecían vacíos. No se celebró ningún juicio en los juzgados de lo penal y se suspendieron también vistas de delitos leves y de delitos rápidos. Tan solo un juzgado hizo juicios leves.
Los juzgados de guardia (el ordinario y el de violencia sobre la mujer) funcionaron con normalidad y al igual que en el resto de los partidos judiciales se atendieron también los asuntos graves y urgentes.
Carteles por los pasillos informaban a los afectados del paro y los remitían a las secretarías para aportarles más datos y, en su caso, comunicarles una nueva fecha para las vistas orales.
Tres magistrados, Jaime Tártalo, Víctor Fernández y Francisca Ramis, y dos fiscales, Eduardo Navarro y José Díaz Capa, informaron a los medios de comunicación sobre los motivos de la huelga y la marcha de la jornada. Los cinco acusaron al ministerio de Justicia, regido por Rafael Catalá, de boicotear el paro al prohibir a los letrados de la administración de Justicia la recopilación de datos sobre los efectos de la huelga e informar de los mismos, lo que impidió tener estadísticas fiables sobre la protesta.
Catalá, en declaraciones a Europa Press, negó dicho boicot y señaló que el encargado de cuantificar el paro era el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Los convocantes en Palma calificaron el día de ayer "de histórico por la realización del paro y por la unidad de la judicatura y la fiscalía". Según los convocantes, en los juzgados de sa Gerreria el seguimiento del paro fue casi total en familia, civiles, de lo social y de lo mercantil. Donde hubo menos apoyo fue en los juzgados de lo contencioso.
Apoyo de los presidentes
El presidente del TSJB, Antoni Terrasa, y sus homólogos de los otros Tribunales Superiores, apoyaron las reivindicaciones, ante "las graves carencias que crónicamente sufre la Administración de Justicia y que los poderes Legislativo y Ejecutivo continúan sin corregir". Según la cúpula de la justicia autonómica (que por su posición institucional no pudo unirse al paro), esas disfunciones "han desembocado en una situación insostenible, que genera el lógico malestar generalizado de toda la carrera judicial y fiscal".
Una docena de abogados se concentraron en Vía Alemania para apoyar a jueces y fiscales.
