Cuatro de los seis tiqueros británicos acusados de formar parte de una trama de estafas a hoteles mallorquines con falsas intoxicaciones alimenticias, y a los que la Guardia Civil no había podido localizar, han anunciado, a través de una intermediaria, que desean declarar ante la jueza que investiga ese caso.
El juzgado de instrucción dos de Palma pidió a la Guardia Civil que localizase a los seis tiqueteros y les citase a declarar por la presunta estafa. La Guardia Civil contestó con un escrito donde informaba que había sido imposible localizar a los imputados.
Se presenta la intermediaria
Tras publicar este diario que los seis tiqueteros estaban en ignorado paradero, una intermediaria se puso en contacto con el juzgado para informar que cuatro de los buscados estaban dispuestos a declarar.
Según esta persona, tres de los fugitivos no se habían movido de Mallorca y una cuarta residía en Inglaterra, pero estaba dispuesta a regresar a la isla para ser interrogada.
Los otros dos relaciones públicas, una pareja, regresaron a Gran Bretaña hace unos meses y han roto sus contactos con su abogado mallorquín, al que adeudan la minuta. De estos dos imputados no se sabe nada.
Laura Cameron, la empresaria inglesa residente en Calvià y presunta jefa de la trama de estafas, negó el pasado 8 de mayo ante la magistrada haber incitado a turistas a defraudar a sus hoteles y touroperadores.
Según Cameron, sus empleados se dedicaron durante unos meses a recopilar datos personales de turistas (nombre y teléfono) para después facilitárselos a empresas de marketing y un bufete especializado en reclamaciones de consumidores de Gran Bretaña.
"La información la recogemos hablando con los turistas por la calle, pero no les preguntamos si han tenido un problema alimenticio (en sus hoteles de todo incluido); los datos que recopilamos son para muchas finalidades distintas; nosotros recogemos los datos con los criterios que nos piden y nos da igual si los turistas reclaman o no (a sus touroperadores u hoteles)", explicó Cameron.
Según la principal encausada, el bufete HH Law Limited le pagaba cinco mil libras esterlinas por aproximadamente mil nombres y teléfonos de turistas, lo que al cambio sale a más de 5,5 euros por personada captada.
Las acusaciones particulares en nombre de los hoteleros afectados tienen interés en interrogar a los tiqueteros.
