La comisión informativa del Consell de Mallorca aprobará hoy prorrogar el contrato de la concesionaria de la ITV, General de Servicios ITV, hasta el mes de enero. La institución insular quería sacar un nuevo concurso público para adjudicar un contrato de servicios y que la gestión fuera pública y únicamente la mano de obra fuera privada. Sin embargo, un informe técnico del departamento de Contratación de Territorio e Infraestructuras advierte de la complejidad de acometer este concurso públicocomplejidad de acometer este concurso público.

Ante esta situación, han decidido prorrogar el actual contrato, que concluía el próximo día 12 de junio, hasta el 31 de diciembre de este mismo año. El departamento de Territorio que dirige Mercedes Garrido considera que durante el tiempo de esta prórroga podrá llevar a cabo todo el farragoso proceso de adjudicación de un nuevo contrato de servicios.

Hay que recordar que en un principio el Consell pretendía crear una empresa pública para que gestionar de forma directa el servicio de la ITV. No obstante, los técnicos advirtieron al Pacto de Izquierdas de que esta posibilidad era inviable, entre otras cosas porque se debía asumir a los trabajadores de las plantas de inspección y que pasaran a ser empleados públicos. Una operación que la Ley Montoro prohíbe al significar el incremento de la plantilla de empleados públicos.

Después se pasó a una solución intermedia entre la empresa pública y la externalización total que existe en la actualidad. La idea del Consell era la de gestionar directamente el proceso de ITV y únicamente sacar a concurso el servicio de mano de obra. El cobro, la cita previa y las instalaciones pasarían a manos de la administración. Con esta fórmula el Consell había calculado que podría incrementar en dos estaciones de ITVincrementar en dos estaciones de ITV más para ofrecer un mejor servicio a los mallorquines.

Sin embargo, los informes técnicos que tiene el Consell también hablan de complejidad del proceso para el contrato de servicios. El principal escollo, según ha podido saber este periódico, vuelven a ser la forma de subrogación de los trabajadores de una empresa a otra, ya que las prestaciones del servicio no son similares al cambiar la tipología del contrato a adjudicar.