En el juzgado de guardia se presentó ayer una nueva denuncia formulada por el juez Penalva y el fiscal Subirán. Esta vez va dirigida contra el abogado José Ignacio Herrero, al que acusan de un presunto delito de revelación de secretos, que se castiga con una pena de hasta cinco años de cárcel, como consecuencia de la grabación clandestina y sin autorización que realizó en el despacho del juez, durante el interrogatorio de unos testigos.

Se grabó la declaración de tres testigos de nacionalidad rumana, que el abogado había citado para que testificaran en favor de un cliente suyo, de la misma nacionalidad, que estaba en prisión como consecuencia de la agresión al testigo número 29 del caso Cursach. Tanto el juez Penalva, como el fiscal Subirán, estaban convencidos de que estos testigos estaban mintiendo, como después se pudo comprobar en el juicio contra el agresor, que fue finalmente condenado.

Según la denuncia, que instruirá el juzgado de instrucción número 3 de Palma (le correspondió ayer por reparto), los hechos ocurrieron el pasado mes de julio. El abogado propuso la declaración de estos tres extranjeros, que querían explicar que el día que ocurrieron los hechos estuvieron con el acusado. El juez, si bien estaba convencido de que estaban mintiendo para favorecer a su compatriota, les tomó declaración. Este interrogatorio fue grabado por el abogado, según la denuncia, sin que Penalva tuviera conocimiento de ello.

En la denuncia se señala que durante un receso de la declaración, el letrado abandonó el despacho del juez, "no sin antes dejar de manera clandestina e intencionada una grabadora que registró la conversación que mantenían" el magistrado Penalva y el fiscal Subirán, "hasta que se reanudaron las declaraciones de los testigos". Esta grabación no quedó guardada en un cajón. Al contrario, el abogado la utilizó para presentarla junto a una querella que presentó contra el juez y el fiscal del caso Cursach, ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears. Dicha querella ni siquiera fue admitida a trámite. Sin embargo, la Sala, en su resolución, tal como cita la denuncia, cuestionó la grabación "furtiva" y "clandestina" y criticó que no se limitara a recoger la conversación "entre quien graba y sus interlocutorios", sino que también incluía "conversaciones entre terceros, en las que no intervienen quien los está grabando, sino que son conversaciones ajenas".

Es la segunda denuncia conjunta que presentan el juez y el fiscal del caso Cursach. La anterior fue contra otro abogado que les llamó corruptos y delincuentes.