El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado las diligencias informativas, investigación abierta a la magistrada mallorquina Victoria Crespí a raíz de la demora, ajena a ella, en la traducción de una sentencia del catalán al castellano. Un abogado gallego se quejó ante el órgano de gobierno de los jueces por el retraso en la traducción y alegó también que la magistrada le había causado indefensión por haber dictado el fallo en catalán.
El juicio se celebró hace muchos meses en uno de los juzgados de primera instancia de Palma y versó sobre un asunto civil de no gran calado. La vista se hizo en castellano y Crespí dictó la sentencia en catalán, como era su costumbre. El letrado gallego pidió la traducción al castellano, un trámite que se demoró más de un año por falta de traductores en catalán en la gerencia del ministerio de Justicia en Balears. El interesado presentó una queja ante el CGPJ por el retraso en la traducción, pero también alegó indefensión por el hecho de que el fallo estuviera dictado en catalán. El Consejo abrió unas diligencias informativas.
Crespí tuvo que responder a unas preguntas del instructor de la queja, varias de las cuales se centraron en cómo transcurrió el juicio y en si el letrado gallego pudo sufrir una vulneración de su derecho de defensa por la sentencia en catalán.
La magistrada rechazó que hubiera causado indefensión al justiciable y explicó los pormenores del caso.
El CGPJ inquirió a la jueza por si había pedido permiso al abogado para dictar la sentencia en catalán. Crespí recordó al órgano de gobierno de los jueces que la Ley no obliga a solicitar permiso en esos supuestos, dado que el catalán es una de las dos lenguas cooficiales de Balears.
Falta de traductores
De hecho el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula el uso de los idiomas oficiales de las distintas Comunidades Autónomas en la Justicia da plena validez a las resoluciones dictadas en lenguas como el catalán o el vasco, sin que sea preciso pedir permiso a las partes. Según fuentes judiciales, el problema se suscitó por la penuria de traductores del Ministerio. De hecho solo hay una traductora del catalán para toda las islas y tiene muchas resoluciones pendientes de traducir, entre otras varias sentencias.
El CGPJ ha decidido archivar la queja al estimar que no hay ninguna conducta anómala o sancionable en la magistrada.
Crespí recibió el apoyo de muchos miembros de la judicatura de Baleares. En las islas apenas media docena de jueces dictan sus sentencias en catalán.
Cuatrocientas causas paradas por los traductores
Más de cuatrocientos asuntos judiciales en Balears estaban parados por falta de traductores el pasado mes de marzo, según informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Antoni Terrasa. Entre esas causas varadas estaban varias que requirían una traducción del catalán al castellano, como la sentencia que dio origen a las diligencias informativas contra la jueza Victoria Crespí.
Jueces y fiscales, el pasado jueves, reclamando más medios para la Justicia.
Por otro lado, los jueces de lo penal de Vía Alemania acordaron en una reciente asamblea solicitar al ministerio de Justicia la designación, con urgencia, de nuevos intérpretes para poder atender el inevitable aumento en verano de las causas judiciales con extranjeros víctimas o acusados. La falta de traductores es otro de los males endémicos de los juzgados de Balears, una de las regiones españolas con mayor número de turistas, pero se agudiza en verano.