El ministerio de Hacienda y Función Pública, que dirige Cristóbal Montoro, autorizó por escrito que las administraciones locales de Balears (ayuntamientos y consells) pagaran a sus funcionarios el plus de la carrera profesional. Lo hizo mediante un informe jurídico remitido al Govern donde explica que con las modificaciones introducidas por el Ejecutivo en la Ley de Función Pública que aprobaba el pago del plus a los empleados públicos de la comunidad, también se podía hacer efectivo al resto de funcionarios de las administraciones locales.
Pese a ello, meses antes la delegada del Gobierno, María Salom, ordenaba a la abogacía del Estado recurrir el acuerdo salarial de la carrera profesional al ayuntamiento de Palma y después al Consell y al ayuntamiento de Santa Eugènia.
Ante este revelador documento, el secretario general de Servicios Públicos de UGT, Miguel Ángel Romero, indicó ayer que la delegada del Gobierno en Balears, María Salom, "debe dimitir o el Gobierno central debería plantearse cesarla, por recurrir contra los acuerdos de carrera profesional de los funcionarios". Romero mostró la copia del documento fechado el seis de junio de 2017 por el que el Director General del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Javier Pérez Medina, asegura: "Se podrán efectuar pagos a cuenta de la carrera horizontal a partir de los plazos que se acuerden". Pérez Medina añade en este mismo documento que las entidades locales "podrán adoptar sus propios acuerdos y establecer el desarrollo del complemento de carrera profesional porque ya existe una base jurídica que les da cobertura para ello, en este caso la legislación balear".
La consulta al Ministerio de Montoro se la realiza el director general de Función Pública del Govern, Pedro Jiménez. La respuesta del director general del Ministerio de Hacienda no puede ser más clara: "La legislación balear introdujo en su Ley 18/2016 de Presupuestos de la Comunidad del año 2017 la regulación del importe de las retribuciones correspondientes a la carrera profesional, mediante la remisión a lo dispuesto en una serie de acuerdos del Consejo de Gobierno que ratifican los acuerdos sindicales sobre la carrera profesional".
El propio Ministerio también avala que mientras se estableciera el concepto retributivo, es decir la valoración y baremación de los puestos de trabajo, los funcionarios percibirían el plus mediante el concepto de "a cuenta". Curiosamente, uno de los argumentos del recurso de Delegación de Gobierno para suspender el pago es que todavía no se había acometido la baremación.
Miguel Ángel Romero, indicó que hay "6.000 trabajadores" afectados. Romero dijo que todo se debe a "un lío político del que los funcionarios son "rehenes".
Carta de Salom
El representante de UGT también relató que la delegada del Gobierno, María Salom, envió una carta a todos los ayuntamientos para que se abstuvieran de implementar acuerdos de carrera profesional; si lo hacían, les anunciaba que los llevarían ante los tribunales por un delito de prevaricación y malversación". Por ello, los alcaldes paralizaron los acuerdos con los trabajadores. Romero se preguntó si cuando Salom era presidenta del Consell y firmó la carrera profesional "¿pudo haber prevaricado o malversado fondos públicos?".
