Josep Lliteres, el ex director general del Govern, nombrado por Unió Mallorquina, no ingresará finalmente en prisión, a pesar de que su ingreso efectivo en la cárcel fue una de las condiciones que impuso la fiscalía para alcanzar un acuerdo con el expolítico. Un acuerdo que se estableció en una condena de dos años de prisión, más el pago de una indemnización económica al Consell de Mallorca. Sin embargo, la Audiencia de Palma ha aceptado el recurso que planteó el abogado defensor, Miguel Cardell, que solicitó al tribunal que aplicara la suspensión de la ejecución de la condena, sustituyendo este ingreso por el pago de una multa. Así, el tribunal de la Sección Primera ha acordado otorgar dicha suspensión durante cuatro años, siempre y cuando no cometa ningún delito durante este tiempo. Sin embargo, le impone una serie de condiciones de carácter económico. Deberá abonar durante 24 meses una sanción económica de 30 euros al día. Es decir, a Lliteres deberá pagar un total de 21.600 euros para no ingresar en la cárcel, además de los mil euros mensuales que viene abonando para responder de la responsabilidad civil que le impuso el tribunal en la sentencia condenatoria. Esta suspensión se ha adoptado en contra del criterio de la fiscalía Anticorrupción, que considera que el ingreso en la cárcel era uno de los requisitos que se acordó a cambio de que se le rebajara la pena inicial de prisión que se solicitaba y que finalmente quedó acordada en dos años de prisión. Lliteres, como director general de Relaciones Institucionales del Consell, encabezó la trama para destinar dinero del Consell de Mallorca a la obtención de votos a favor de Unió Mallorquina. Así, se premiaba a personas relacionadas con colonias de inmigrantes sudamericanos que residían en Mallorca. Estas personas eran los que difundían el programa electoral del partido UM entre este nuevo electorado. A cambio, el Consell financiaba los eventos que organizaban estas casas regionales o asociaciones de inmigrantes.

El tribunal ha tenido en cuenta las circunstancias personales de Lliteres para permitir que no ingrese en prisión, como por ejemplo que ya no se dedica a la política, que es la primera vez que comete en un delito, que no tiene acceso al uso del dinero público y que viene abonando cada mes el dinero que acordó para ir cubriendo el perjuicio a las arcas públicas.

Lliteres fue juzgado en la Audiencia junto a otros compañeros del desaparecido partido. Todos ellos se confesaron culpables tras alcanzar un acuerdo. Sin embargo, fue al único al que el fiscal exigió su ingreso en prisión.