La consellera de Cultura y Participación, Fanny Tur, anunció ayer que, tras el duro varapalo del Consell Consultiu al anteproyecto de Ley de Consultas Populares y Procesos Participativos, modificarán la norma considerada inconstitucional por el alto órgano jurídico en todos los aspectos que se rechazan en el dictamen. Aunque el informe del Consultiu no es preceptivo ni vinculante, Tur dejó claro que se modificará cualquier aspecto "para que no haya escollos" con esta Ley, en el sentido de modificar todo lo que sea necesario con el fin de que "no haya excusas para impugnarla" por parte del Estado por posible inconstitucionalidad.
A pesar del demoledor informe del Consultiu, Tur dejó claro que no se ha planteado la posibilidad de que la iniciativa quede en un cajón aprovechando que solo queda un año para acabar la legislatura. "Modificaremos todo lo que sea preciso para poderla sacar adelante, ya que consideramos necesario para la democracia poder consultar a la ciudadanía cuando sea necesario y no solo una vez cada 4 años", dijo la consellera. "La democracia es incompleta sin contar con la opinión de la ciudadanía", añadió.
El Consultiu, en base a las sentencias del Tribunal Constitucional, considera que la posibilidad de convocar consultas o referéndums a todo el censo de las islas, de carácter vinculante y con un registro único es inconstitucional. Es el mismo argumento que utilizó el Constitucional para tumbar la Ley de Consultas de Cataluña.
Pese a las palabras de la consellera Tur de que introducirán cambios para poder sacar adelante la Ley de Consultas y referéndums, el Govern prácticamente deberá cambiar por completo el texto en sus aspectos más relevantes, ya que el Consell Consultiu cuestiona y considera inconstitucionales los tres artículos esenciales de la norma: Que se puedan convocar consultas generales con un censo electoral único en toda Balears y, además, que sean vinculantes y de obligado cumplimiento para el poder político.
Tur incidió en que, con los cambios que se introducirán, "dependerá del talante" de quien esté al frente de las administraciones públicas "hacer caso o no a lo que expresen los ciudadanos en una consulta". Si bien la norma la inició la exconsellera Ruth Mateu, fue Tur quien decidió que una ley de estas características debía pasar por el Consultiu. "Si se decide pedir el dictamen de este organismo, es para hacerle caso", dijo la responsable de Cultura, Participación y Deportes, área que depende de Més.
Desde Més per Menorca se respaldó la postura de Tur, animando al Govern a "continuar la tramitación" de esta ley "aunque sea a costa de eliminar algunos aspectos importantes del texto". A su juicio, "el texto impulsado por el Govern puede contemplar y regular, sin problemas, instrumentos de participación política importantes como los referéndums municipales, los presupuestos participativos, las audiencias públicas o los consejos de participación".
Consultas no refrendarias
Añade que "lo que resulta inviable en el actual marco legal redefinido por las últimas sentencias del Tribunal Constitucional son las consultas populares no refrendarias que, aunque se establezcan como vinculantes, están muy limitadas por la imposibilidad de poder utilizar el censo electoral o de crear un registro general de inscripción voluntaria para la participación". A ello añade que el Constitucional establece que las consultas han de ser sectoriales y solo pueden participar las personas afectadas. "Todas estas cuestiones hacen, hoy por hoy, inviable e ilegal preguntar a la gente sobre cuestiones que afectan a la colectividad", afirma Més per Menorca.
El dictamen del Consultiu tuvo un voto particular de Joan Oliver Araujo, al que se adhirieron también María Ballester y Mariangeles Berrocal, al considerar que los referéndums municipales sí deberían ser vinculantes para el ayuntamiento convocante. "Hacer caso omiso del resultado equivaldría a un verdadero golpe de estado constitucional ya que el sujeto de la soberanía, en última instancia, es el pueblo", argumenta Oliver Araujo.
