La Constitución Española establece, en su artículo 92, que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos". Este referéndum debe ser "convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados". Unas condiciones con las que no tiene encaje posible la norma que prepara el Govern para abrir la posibilidad de realizar consultas populares entre los ciudadanos de Balears.
Así que si no se realiza en todo el Estado, con la autorización del Congreso, a propuesta del presidente, y con la rúbrica del Rey, olvídense de ser consultados. Y llegados a este punto, no puedo evitar preguntarme: ¿Es necesaria tanta prevención por parte de los gobernantes a la hora de consultar a los ciudadanos?
En el extremo opuesto tenemos a Suiza, que suele presentarse como el ejemplo de democracia participativa. Los ciudadanos son llamados a consultas en referéndum una media de cuatro veces al año. Entre los asuntos sometidos a votación allí durante los últimos tiempos ha estado la implantación de una renta básica para toda población (rechazada), ampliar las vacaciones anuales de cuatro a seis semanas (rechazada), normas antitabaco más restrictivas (rechazada) o mantener el servicio militar obligatorio (aprobada por una gran mayoría). Son asuntos con los que seguro que se puede discrepar, pero una vez realizada la votación es difícil oponerse, porque se trata de una decisión democrática.
¿Somos tan diferentes de los suizos? ¿Tanto que es mejor que no nos pregunten demasiado, porque nos vamos a equivocar y para hacer lo correcto ya están los políticos? Quizá lo que habría que ir planteando es una reforma de la Constitución, que la acerque más a los tiempos que corren y que abra la posibilidad a una mayor participación ciudadana.
Seguro que podemos hacerlo sin que haya un cataclismo, que ya somos mayorcitos.
