El Govern pondrá punto y final a la concesión de once viviendas ubicadas íntegramente en zona portuaria y que contravienen la ley de Costas que impide el uso residencial en zona de dominio público marítimo-terrestre. Con esta decisión, estas once casas pasarán a manos de Puertos, cuyo uso todavía no está decidido, según informaron ayer desde el Govern.

El próximo mes de julio caducan todas las concesiones de más de treinta años y el Govern ya ha iniciado los trámites para su revisión y actualización de las tasas. Después de cerrar la renovación de las principales concesiones, principalmente en manos de clubes náuticos, ahora inicia el proceso de las llamadas concesiones menores, que van desde el uso particular de terrazas, rampas o varaderos; hasta restaurantes ubicados en zona portuaria o incluso viviendas que ocupan parcial o íntegramente dominio público.

Precisamente, estas once viviendas integramente en dominio público son las que pasarán a manos del Govern. Según explicó ayer el conseller de Territorio y Transporte, Marc Pons, que dio cuenta en rueda de prensa de esta segunda fase de recuperación de las concesiones menores, "todos los propietarios de estas viviendas son ya conscientes de ello" y, detalló, "en todos los casos estamos hablando de segundas residencias, la mayoría de ellas en manos de residentes de fuera de Balears".

El conseller evitó detallar la ubicación exacta de estas viviendas. No obstante, el conjunto de las concesiones a revisar, y por lo tanto estas casas, están repartidas, según informó el director general de Puertos y Aeropuertos, Xavier Ramis, en Portocristo, Portocolom, Portopetro, Sóller, Cala Figuera, Cala Nova, Pollença, Cala Rajada, Andratx, Colònia de Sant Jordi y Banyalbufar, además de en las localidades menorquinas de Ciutadella y Fornells, y en el municipio ibicenco de Sant Antoni.

Además de estas once viviendas, el Govern revisará "caso a caso" la concesión de otras 23 viviendas con parte en dominio público. Según el conseller, no se procederá con estas como con esas íntegramente en dominio público. En estos casos se trata de casas con sólo un parte, como terrazas, en zona portuaria. Pons explicó que, a falta de examinar cada caso, "lo más probable" es que se renueven las concesiones.

137 concesiones menores

En total, incluyendo viviendas, así como varaderos o terrazas sin fin lucrativo, concesiones a negocios y otras ligadas a servicios públicos, son 137 las concesiones menores que el Govern revisará y cuyos cánones serán actualizados. "Hay que pensar que muchas de estas concesiones tienen precios de hace hasta cien años, algunos de un sólo dígito". Todas ellas pagan en total 445.000 euros al año y, el objetivo del Ejecutivo, es que la actualización sirva para duplicar la recaudación de las concesiones. Ya con la renovación de los clubes náuticos, el Govern pasará de recibir 900.000 euros anuales a 12 millones de euros.

Tanto en el caso de concesiones sin uso lucrativo como aquellas vinculadas a negocios, el Govern las volverá a sacar a oferta pública, algo de lo que serán informados en los próximos días a los concesionarios, que tendrán la opción de volver a presentarse. Las licitaciones tendrán lugar al finalizar la temporada turística, el próximo mes de septiembre, informó el conseller de Territorio.

En el caso de las concesiones ligadas a servicios públicos, principalmente de suministros o canalizaciones, explicó el conseller, "por su interés general", serán renovadas automáticamente.

Efecto 2018

La ley de Costas, en vigor desde 1988, estableció que todas las concesiones en zona portuaria previas a la aprobación de la ley tendrían una vigencia máxima de 30 años, por lo que este año acaban todas aquellas concesiones de más de treinta años, algunas centenarias, según explicaron ayer desde la conselleria de Territorio y Transporte, de la que dependen los puertos de las islas.