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Opinión

Armengol se pone el lazo amarillo

Armengol se pone el lazo amarillo

El Govern de Francina Armengol, empeñado como está desde el principio de legislatura en resolver los principales problemas de la ciudadanía, llámese acceso a la vivienda o saturación turística, quiere aprobar ahora una ley de consultas para satisfacer a las miles de voces que han inundado el Consolat de Mar con peticiones.

A poco más de un año para las elecciones, hay colas en el Passeig Sagrera con esa justa demanda y, por tanto, urge ya aprobar una ley de consultas a toda costa, un texto pionero que permita a Balears celebrar sus propios referéndums vinculantes, gestionar foros ciudadanos, promover presupuestos participativos y celebrar todo tipo de audiencias públicas cantando La Balanguera al final de cada una de ellas. En definitiva, es necesario profundizar en eso tan moderno y asambleario que se llama democracia participativa, que no es otra cosa que hacerle el trabajo gratis a los políticos y dejar la democracia representativa de toda la vida en manos de los grupos de presión minoritarios con tiempo suficiente para perderlo inútilmente. Claro que, a la segunda convocatoria ya no acuden al foro ni sus organizadores. El spam también ha llegado a la democracia por la puerta grande.

No obstante, la ley de consultas tiene un objetivo mucho más importante: plantear un conflicto al Estado. El Govern de Armengol sabe perfectamente que, salvo modificación de la Constitución, solo el Gobierno tiene competencias para convocar referéndums vinculantes, pero quiere hacerse notar, ponerse un ratito el lazo amarillo de 'los Jordis', que es algo que mientras no haya dinero que recibir del Estado o descuentos aéreos de los que beneficiarse gracias a un diputado de Nueva Canarias, sale gratis total y motiva mucho al Govern y, especialmente, a los representantes de Més per Mallorca, que ya no pueden cursar consultas y encargos a Jaume Garau.

La efectividad de la ley, por tanto, será similar a la de la también necesaria Ley de Toros a la balear, un texto legislativo aprobado para prohibir los festejos taurinos en las islas cuando ya estaban muertos y enterrados. Qué mérito.

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