Pese a que el titular del juzgado de instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, archivó hace ahora casi un mes el denominado caso Minerval (la venta de un fármaco en fase de investigación y no aprobado aún por las agencias reguladoras de los medicamentos para tratar un tipo de cáncer cerebral muy agresivo) al considerar que no quedaba demostrado la comisión de un delito de estafa, esta instancia judicial sigue sin remitir los testimonios de sus actuaciones para que, si procede, Salud pueda incoar un expediente administrativo sancionador expediente administrativo sancionador por la venta del falso fármaco.
"Si crees que en la Administración tenemos prioridad a la hora de recibir estos documentos, estás equivocado. El juzgado de instrucción número 9 sigue sin remitirnos el testimonio de sus actuaciones pese a que se lo hemos reclamado", se lamentaba Benito Pròsper, director general de Farmacia de la conselleria de Salud cuyo departamento de Farmacovigilancia y Control del Medicamento sería el encargado de incoar el expediente administrativo por la venta de un fármaco en fase de experimentación y aún no ha aprobado por la Agencia Española del Medicamento.
No obstante, el director general de Farmacia estimó que, una vez que reciban del juzgado la documentación solicitada, el expediente administrativo podría quedar resuelto en el plazo de unos seis meses, lo que le llevó a aventurar que antes de final de año estará cerrado.
Y tal y como ya había estimado el propio Pròsper con anterioridad, esta comercialización irregular de un falso fármaco está tipificada como una infracción muy grave en el real decreto 1/2005 por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
"Moralmente repugnante"
Esta infracción muy grave puede, además, ser graduada en tres categorías: mínima, media y máxima. Y el director general no dudó que el caso que nos ocupa concluirá con la calificación de infracción muy grave en su grado máximo, lo que permitiría imponerle una multa que oscilará entre los 600.001 y un millón de euros.
"Antes de que acabe esta legislatura me gustaría dejar cerrado este asunto. Es un tema que moralmente es repugnante y tras su paso por el juzgado ha quedado en nada", lamentaba Pròsper, que ahora espera ver qué circunstancias aparecen como "hechos probados" en el auto de archivo del caso.
Pese a que no se ha podido demostrar que mediara un engaño en el proceso de comercialización del falso medicamento (estafa), el director general sostuvo que "no se puede negar que este señor (en referencia al catedrático de la UIB Pablo Escribá) se ha saltado a la torera todo el procedimiento para aprobar un medicamento".
Esta circunstancia, en opinión del alto cargo, sería inaceptable pese a que se albergaran grandes expectativas de éxito con el fármaco en experimentación. "Ojalá que este producto sortee todos los ensayos clínicos que le queden y sea efectivo contra el cáncer. Nada me gustaría más. Pero mientras tanto, no se puede comercializar como tampoco se han vendido prometedores fármacos contra el sida en fase de investigación", recalcó Benito Pròsper.
Sobre los trámites que le restan al expediente administrativo una vez que se incorpore a un informe ya iniciado el testimonio del juzgado, el director Farmacia explicó que una vez incoado por los servicios jurídicos habrá que darle traslado a Escribá para que alegue. Luego se abrirá un periodo de presentación de pruebas antes de una propuesta de sanción ante la que el catedrático podrá alegar de nuevo antes de su resolución definitiva. En total, Pròsper calculó que todo el proceso podría demorarse unos seis meses.
Por último, preguntado si la multa la tendrá que satisfacer solo Escribá o si habra algún responsable civil subsidiario, el responsable de Farmacia respondió que "si se demuestra que Escribá actuó amparado por esta empresa (Lipopharma, a través de la que presuntamente se comercializó el falso medicamento), la sanción recaerá sobre todos ellos", concluyó el director general congratulándose de que el juzgado de instrucción número 9 de Palma y la Fiscalía les hayan realizado un trabajo de investigación que ellos, admitió, no hubieran podido realizar con sus escasos medios.
