Una moción conjunta de todos los grupos políticos del Consell de Mallorca propició que en el pleno celebrado ayer, el PP le exija a la delgada del Gobierno de su partido, María Salom, la retirada del recurso que interpuso la Abogacía del Estado ante el TSJB contra el plus de los funcionarios, conocida como carrera profesional. La demanda ante la Justicia ha provocado que se suspenda el plus y ello puede afectar a varios miles de funcionarios del Consell, ayuntamiento de Palma y de otras muchas administraciones locales mallorquinas. El PP ayer se alió con el Pacto para instar a Salom que rectifique su actuación.

El pasado jueves, más de un millar de funcionarios salieron a la calle en protesta por este recurso de la Abogacía del Estado que significa recortar el sueldo a funcionarios que por formación, derechos adquiridos y antigüedad cobraban un plus. La medida afecta básicamente a las administraciones locales, en concreto ayuntamientos y al Consell de Mallorca, no al Govern que los funcionarios lo tienen reconocido por la Ley de Presupuestos.

La moción aprobada ayer por unanimidad en el Consell, incluidos los votos favorables del PP, apunta que, a través de las modificaciones introducidas en la Ley de Función Pública, acordadas en el Parlament por todos los grupos la pasada semana, se dará viabilidad a otorgar la carrera profesional. Asimismo, reclama a la Delegación del Gobierno que "respete la autonomía de las administraciones locales" y, acto seguido, le exige la retirada de los recursos ante los tribunales interpuestos por Delegación del Gobierno a través de la Abogacía del Estado.

Se esperaba con interés la intervención del portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Mauricio Rovira, quien en la pasada legislatura era conseller de Territorio con María Salom como presidenta de la institución insular. Rovira indicó que "con las modificaciones acordadas en el Parlament el recurso del Estado ante el TSJB decaerá, no podemos aceptar que sea la Justicia quien decida en esta cuestión". El portavoz del PP ya explicó la pasada semana que el problema es que la Ley de Función Pública no contemplaba una baremación de los puestos de trabajo, requisito para autorizar la carrera profesional que ahora se rectificará. El dirigente popular recordó que siempre han estado a favor de la carrera profesional.

La consellera insular de Función Pública, Carmen Palomino, fue la encargada de leer la moción conjunta de todos los partidos. Censuró la interposición del recurso alegando que se había seguido todos los preceptos legales. Rovira no quiso entrar en el debate de la legalidad por el cual la Abogacía del Estado decidió llevar el pago del plus a los funcionarios ante la Justicia.

Protestas en el pleno

Algunos funcionarios del Consell estaban sentados entre el público exhibiendo carteles de "Salom dimisión", recordando que la hoy delegada del Gobierno firmó a favor de la carrera profesional cuando era presidenta del Consell y ahora en su puesto de delegada del Gobierno ha permitido impugnarlo ante la Justicia.

Asimismo, Andreu Ribas, en representación de los trabajadores de los diferentes departamentos de la administración insular, acusó al PP de "atacar" a los empleados públicos con este recurso y exigió a la Delegada del Gobierno que rectifique. Ribas también recordó el cambio de posicionamiento de María Salom en esta cuestión de cuando era presidenta del Consell a ahora que es Delegada del Gobierno. Ningún miembro del PP del Consell, pese a las contundentes palabras del sindicalista, quiso entrar a defender el partido. Se limitaron a mantener el tono conciliador con el apoyo de la moción que insta a Salom a rectificar.

Por su parte, el secretario general del STEI Intersindical, Miquel Gelabert, también exigió ayer a la delegada del Gobierno, María Salom, que dimita por el "cuestionamiento de la carrera profesional siguiendo la deriva recentralizadora de su partido en Madrid".

El sindicato también denunció en un comunicado público la "injerencia" del Gobierno en el derecho a la negociación colectiva en las administraciones de Balears que, "no se ajusta solo al ámbito de la carrera profesional". Añaden que Madrid es quien "pone más problemas a la gestión laboral".

Gelabert, en su cuenta de Twitter arremetió contra Salom. Acusó a la delegada del Gobierno de "utilizar a los empelados públicos de las islas por interés de su partido en Madrid". El secretario general del STEI Intersindical abunda en su mensaje en las redes sociales en que María Salom "cuando era presidenta del Consell apostó por la carrera profesional que ahora ha decidido impugnar".