El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears destacó ayer la modificación de las normas por las que se rigen la gestión y la intermediación inmobiliaria por parte de la Junta de Andalucía, con la aprobación de la Ley 1/2018, de 26 de abril, y señaló que el Govern también "se ha comprometido con incluir en el texto de la nueva Ley de Vivienda esta regulación".
En concreto, se establecerá un control administrativo obligando a la inscripción en un registro público, por lo que se podrían sancionar a aquellas personas que se dediquen a esta actividad sin estar inscritas con hasta 9.000 euros en las infracciones muy graves, según un comunicado.
El presidente del Colegio, José María Mir, explicó que "es imprescindible que se produzca esta regulación, principalmente para beneficiar los derechos de los consumidores".
"Tenemos el compromiso del Govern, y esperamos que la aprobación se produzca en breve porque es importante que se haga cuanto antes. Especialmente en épocas de mucha actividad en el mercado es cuando más timos, estafas y engaños se producen", expresó.
