La batalla del Gobierno central contra las subvenciones a la rotulación en catalán de comercios y restaurantes obtuvo ayer la ratificación de la delegada del Gobierno central en Balears, María Salom. La representante del Ejecutivo de Mariano Rajoy en Balears respaldó ayer el recurso de la Abogacía del Estado contra las ayudas a la restauración para rotular en catalán en Pollença. "Tenemos la obligación de velar por que las dos lenguas cooficiales tengan el mismo valor y se subvencionen por igual", aseguró Salom en un comunicado.

La delegada del Gobierno afirmó que la "doctrina constitucional" señala que "la regulación de la cooficialidad lingüística no puede imponer la primacía de una de las lenguas oficiales en relación con otra, ni suponer una postergación o menoscabo de alguna de ellas", dando a entender que las ayudas a la rotulación en catalán arrinconan al castellano.

De hecho, Salom recordó ayer que la Delegación del Gobierno ha recurrido "acuerdos similares en otros ayuntamientos", y que la Abogacía del Estado ya impugnó en 2017 ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears el acuerdo del Ayuntamiento de Calvià que introducía cláusulas a favor de la lengua propia de Balears, como que los trabajadores "tuvieran el conocimiento suficiente de catalán".

Su compañera de partido, portavoz del grupo parlamentario popular y vicepresidenta del PP, Marga Prohens, tuvo que defender que no tiene "ningún problema con la lengua propia" y que están "a favor" del Estatuto y de la normalización lingüística. También a Prohens le tocó justificar el voto de los populares en Pollença favorable a las ayudas, "el PP de Pollença votó a favor (de las ayudas), pero ya avisó que algunos puntos podían ser inconstitucionales si no se tomaban medidas en relación al castellano".

La consellera de Cultura del Govern, Fanny Tur, acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de querer "exportar el conflicto en Cataluña". Tur defendió que la subvención municipal lleva años concediéndose y que va "en línea con el Estatut y con la ley de Normalización lingüística". Para la titular de Cultura, "el PP crea problemas donde no los hay".

Sombra del 155

También desde Més per Menorca hicieron referencia a Cataluña asegurando que "el Estado quiere aplicar el 155 también a la lengua catalana, propia de Balears". Su portavoz, Nel Martí exigió al Gobierno que "no instrumentalice" la Abogacía del Estado.

El portavoz del PSIB en el Parlament, Andreu Alcover, criticó la "instrumentalización partidista" que el PP hace de la Delegación del Gobierno y del "entramado del Estado para ir en contra de las normativas aprobadas por comunidades autónomas como Balears", según declaraciones recogidas por Europa Press.

Izquierda Unida, por su parte, registró ayer una batería de preguntas parlamentarias dirigidas al Ejecutivo de Rajoy, entre las que destaca si el Gobierno tiene previsto recurrir todas las subvenciones públicas que se dan a las lenguas del Estado español como el gallego, vasco, aranés o el catalán en todos los territorios donde existe la cooficialidad.

La Obra Cultural Balear manifestó ayer también su apoyo al Ayuntamiento de Pollença, al que animó a "mantener sin miedo" las subvenciones aprobadas. La OCB ve "intereses partidistas" en el recurso de la Abogacía del Estado, que consideró que se utiliza "como si fuera el departamento jurídico de un partido político que sirve a intereses particulares", denunció. Desde la organización precisaron que las lenguas cooficiales "son objeto de especial protección según la Constitución", por lo que pidieron al PP y al Gobierno estatal "que no perseveren en esta persecución" y no busquen "una confrontación" inexistente.