Una funcionaria sospechó de un contrato fraccionado a Garau
El exjefe de campaña de Més presenta documentos al juez para mostrar la solvencia de su empresa
Jaume Garau negó que hubiera recibido un trato de favor. / b. ramon
Una funcionaria de la conselleria de Cultura, que ayer declaró ante el juez Morell, sospechó de un posible contrato fraccionado que beneficiaba a la empresa de Jaume Garau, el exjefe de la campaña de Més. Por este motivo, lo consultó con el entonces director general de Cultura, Jaume Gomila, que le dijo que se trataba de trabajos distintos y, por tanto, no existía tal fraccionamiento. Los contratos, adjudicados a través del procedimientos sin concurso, eran inferiores a los 18.000 euros. Uno era por la realización de 1.600 encuestas sobre los hábitos de consumo de cultura en Balears y el otro, por la interpretación de estos datos.
Los imputados del caso Més declararon en su momento que se trataba de proyectos distintos y que la contratación de las encuestas no tenía una relación directa con la interpretación técnica de estas opiniones. De allí que nieguen que se hubieran fraccionado contratos, como sospecha la fiscalía, para evitar un procedimiento público, para beneficiar a Jaume Garau a través de la conselleria que dirigía el partido Mes.
La funcionaria detalló al juez la dinámica de trabajo que se desarrolla para tramitar los contratos menores. E insistió en que, en ningún momento, ningún responsable de la conselleria de Cultura le insinuó que debía beneficiar a las empresas de Garau.
Los otros cuatro funcionarios que también fueron citados ayer a declarar, a petición de la fiscalía, aclararon que no intervinieron en ningún momento en esta contratación a Garau.
Por otra parte, la abogada Carolina Ruiz, que defiende a Jaume Garau, presentó al juez una serie de documentos para avalar la declaración que había realizado su cliente. Garau negó en su momento que hubiera recibido algún tipo de trato de favor de las consellerias dirigidas por Més y señaló que había sido varias veces contratado por otras administraciones, dirigidas por otros partidos políticos. Muchos de estos proyectos se otorgaron en anteriores legislaturas.
Entre los documentos entregados al juez aparecen otros contratos de otras administraciones, donde se divide el trabajo de realización de encuestas, con el de la interpretación de esta información. Además, la abogada también presentó otros documentos para avalar la solvencia profesional de la empresa que dirige.
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