En apenas cinco meses del presente año, Mallorca ha vivido tres episodios muy preocupantes en materia de salud pública alimenticia. Tres grandes empresas mayoristas (distribuidoras de carne, pescado y otros productos) están bajo sospecha de haber vendido género caducado, con el consiguiente riesgo para la salud de los consumidores. Dos de los casos están en sede judicial y en uno de ellos, el de Cárnicas Vicente, se investigan otros delitos como estafas a los clientes o contra los derechos de los trabajadores.
Las actuaciones contundentes de la conselleria de Salut y de la UCRIF tranquilizan por un lado, pero la repetición de episodios lleva a pensar que el fraude en productos alimenticios está más generalizado de lo imaginable.
La codicia; el descontrol a la hora de gestionar las salidas y entradas de productos; la explotación de las plantillas hasta extenuarlas para ganar más dinero; la posible connivencias de un inspector de Sanidad con una empresa harto sospechosa; el baile de etiquetas siempre a favor del empresario; y el convencimiento de algunos empresarios de que una carne o un queso caducado pueden volver a ponerse en el mercado, son algunas de las circunstancias en torno a los casos que procede aclarar. Reciclar lo caducado no es legal.
