El ayuntamiento de Pollença ha remitido al juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Palma un escrito de oposición a la solicitud de suspensión cautelar de las subvenciones para potenciar el uso del catalán en los comercios reclamada por la abogacía del Estado, en el que alega que las ayudas que el gobierno pretende suprimir son "sencillamente una medida de fomento del uso del catalán en el ámbito económico que ni penaliza la utilización del castellano, ni mucho menos lo elimina", ya que las propias bases de la convocatoria especifican que "en el caso de la edición de impresos dirigidos a un público heterogéneo se podrá utilizar la versión catalana acompañada de otras lenguas (también la castellana) con la condición de que el texto catalán esté en primer lugar".

Asimismo, añade que "en ningún caso se prohíbe" que documentos como las cartas de restaurantes, escritos administrativos o actividades publicitarias, "estén redactados en castellano, solo que la redacción en esta lengua no se subvenciona, lo que es del todo lógico si tenemos en cuenta que el objeto de la subvención es el fomento del uso del catalán". El Consistorio asegura que las cartas de bares y restaurantes "contemplan la posibilidad de que estén escritas en más idiomas", aunque solo se subvenciona el coste de la edición en versión catalana.

El escrito remitido por la institución municipal al juzgado considera que el fomento del uso del catalán en el ámbito comercial "encaja plenamente" en los mandatos recogidos en la Ley de Normalización Lingüística, de "cuya constitucionalidad no hay dudas".

Las alegaciones municipales sostienen que no hay motivo para que se decrete la suspensión cautelar de las subvenciones por las "cantidades simbólicas" que se reparten y niegan que existan "intereses en conflicto". También rechazan la afirmación del recurso estatal en el sentido de que "el único interés general presente en la petición de medida cautelar" es el que representa el Estado y niegan que el Ayuntamiento incumpla el "sistema legal" diseñado por la Constitución en materia de cooficialidad lingüística.

Reacciones

El recurso de la abogacía del Estado ha provocado numerosas reacciones políticas en el municipio del Nord. En la misma línea expresada por el alcalde Miquel Àngel March el pasado lunes, el teniente de alcalde Tomeu Cifre Bennàssar (Junts Avançam) atribuye en las redes sociales la denuncia a la "onda expansiva del artículo 155", que "ha hecho desacomplejar mucho tic 'antiguo régimen'".

Por su parte, el partido Alternativa per Pollença afirma que el "ridículo" contencioso presentado por el Estado "solo es comprensible en el proceso de recentralización" iniciado por la administración central. "Que pueda derrocharse dinero público de esta forma es vergonzoso", concluye en referencia a la presentación del recurso contencioso.

También llama la atención la postura del PP de Pollença, que ayer recordó que ya lo "advirtió" en el pleno que aprobó las bases de las subvenciones, en el que acusó al equipo de gobierno de "hacer política" de un tema que "durante más de 20 años ha tenido consenso". No obstante, el único edil del PP en el pleno 'pollencí' votó a favor de la propuesta.