Hacía años que los taxistas denunciaban la actividad de los denominados vehículos 'piratas' en el aeropuerto de Palma. Y el ambiente en el sector ya se había caldeado meses atrás por la pretensión de la conselleria de Movilidad de crear nuevas líneas de transporte público para enlazar Son Sant Joan con algunas de las principales zonas turísticas de la isla. Pero fue el 25 de mayo de 2017 cuando la indignación de este colectivo estalló, con una paralización de su actividad como protesta contra la competencia desleal, y el bloqueo de miles de turistas que se encontraron con la imposibilidad de abandonar las instalaciones aeroportuarias, hasta que ya de noche se logró un acuerdo entre las asociaciones del taxi, el aeropuerto y la citada Conselleria.
La reacción del sector turístico fue unánime, y se acusó a los taxistas de "jugar con el pan de todos". Pero en ese momento se tomó conciencia en la isla de que el boom turístico de los últimos ejercicios estaba conllevando tensiones que iban más allá del sector inmobiliario.
El Govern ya tenía previsto aprobar al día siguiente, 26 de mayo, un decreto en el que se fijaba que solo el taxi estaba autorizado a contratar a la clientela en los espacios públicos, y que el resto de ramas (como el discrecional o los vehículos de alquiler con conductor) solo podían trabajar con un contrato previo. El compromiso para desactivar la protesta fue el de intensificar la vigilancia de la mano de la colaboración del aeropuerto y de los cuerpos de seguridad.
El balance que los taxistas hacen de este acuerdo es dispar: se alaba al aeropuerto por las medidas adoptadas para facilitar la fluidez en el tráfico de la zona, y se mantiene abierta la colaboración con la Conselleria a la hora de diseñar la campaña contra el intrusismo de este año. Pero se insiste en que la presencia de la competencia desleal sigue siendo intensa, atraída por la puerta de entrada en la isla para los turistas y por una actividad que genera sustanciosos ingresos.
