En la calle desde hace más de un año sin haber sido despedidos. Es la anómala situación de una veintena de extrabajadores de Cobra Instalaciones y Servicios, la empresa que desde hace 50 años realiza el mantenimiento de las redes eléctricas de Endesa en Balears. Llevan atrapados en un laberinto desde que en febrero de 2017 se les comunicó que serían subrogados a otra empresa, Spark Ibérica. Sin embargo, en aquel entonces la subrogación era ilegal en el sector del metal, por lo que desde entonces viven en un limbo laboral mientras encogen ahorros y prestaciones por desempleo.
El atasco en los juzgados ha ensombrecido todavía más el horizonte de estos trabajadores, cuyo juicio pare lograr la readmisión en Cobra o una indemnización ya ha sufrido tres aplazamientos. La última fecha propuesta ha sido un mazazo: 14 de febrero de 2019. Muy tarde para unos operarios entrados en la cincuentena y difícilmente reinsertables en el mercado laboral.
"No importa el tiempo que llevábamos en la empresa. O la calidad de nuestro trabajo. Solo importa lo que costábamos a la empresa", reflexiona Pepo Torres, uno de los trabajadores afectados. Habla de su calvario con José Bolívar, Andrés Hernández, Joan Gayà, Juan Gil, Reyhan Ibryamov y Luis Bolívar. "Estamos en tierra de nadie", ilustran.
La primera mala noticia data de octubre de 2016, cuando Cobra perdió el contrato con Endesa que ocupaba a la veintena de trabajadores. Cinco meses después aquello se tradujo en una subrogación ficticia y en el inicio de la pesadilla. "Un viernes recibimos una carta en la que nos comunicaban que a partir del lunes siguiente tendríamos que trabajar para la nueva empresa subrogados. Sabíamos que esa posibilidad no existía en el convenio del metal. Efectivamente, cuando fuimos a Spark Ibérica nos dijeron que nada de nada", explica Gayà.
Todos ellos llevaban entre 25 y 30 años en Cobra. Incluso más. "No nos merecemos este trato después de tantos años trabajando allí. En todo esto hay un mar de fondo. Yo veo una caza de brujas contra los veteranos al amparo de la reforma laboral", critica Hernández.
Media docena de afectados, los más jóvenes, han ido encontrando trabajo en otras empresas. El resto sigue aferrándose a la celebración de un juicio que nunca llega. "No podemos esperar hasta 2019 porque se acaban el paro y los ahorros. Sobre todo porque pase lo que pase habrá recurso, así que a lo mejor habrá que esperar tres años o más", lamenta Gayà.
Esperan que el juzgado acepte un recurso de amparo para acelerar el juicio. De lo contrario, están decididos a hacerse oír con distintas protestas, incluyendo acampadas ante los juzgados como las que han protagonizado otros colectivos.
Los trabajadores apuntan contra CCOO. "Nos traicionaron", sentencia José Bolívar. "Siempre jugaron a favor de la empresa", añade. Así que buscaron auxilio en Som Sindicalistes. "No tenían ni paro porque oficialmente no estaban despedidos. Empezaron a cobrar gracias a la intervención de la directora general de Trabajo, Isabel Castro. Si no, la situación sería todavía más dramática", indica Vicente Izquierdo, representante del sindicato. "Ahora el problema sobre todo es judicial. Ha habido tres aplazamientos y para cuando llegue el juicio ya se les habrán agotado las ayudas. Estamos pensando en movilizarnos porque la saturación judicial afecta a muchos trabajadores", valora.
Aquella subrogación ficticia permitió a Cobra "ganar tiempo y ahorrarse cuantiosas indemnizaciones que habría tenido que pagar en el acto", subraya Izquierdo.
