Veintiséis mil plazas por barba. Esa es la oferta reglada de alojamiento que corresponde a cada uno de los quince inspectores con los que cuenta la conselleria de Turismo del conselleria de TurismoGovern para comprobar si su actividad cumple las diferentes normativas en vigor. Por supuesto, no dan a basto. El número de plazas turísticas ha aumentado exponencialmente en la útima década, pero la plantilla de inspectores sigue siendo la misma que hace años. Lo único que se ha aumentado durante esta legislatura ha sido "una plaza y media", en concreto la figura del tramitador de los expedientes iniciados por los inspectores, de manera que actualmente son tres. "Es evidente que los números no salen", asegura el director general de Turismo, Antoni Sansó. Pero, de momento, la cosa va a seguir igual.
La exigua plantilla de inspectores debe controlar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que afectan a la actividad turística, "especialmente en la persecución de las actividades clandestinas y la oferta ilegal", reza la Ley de Turismo. Quince inspectores y tres tramitadores - con el consecuente cuello de botella que genera esta desproporción en la tramitación de las actas y expedientes - tienen que perseguir la ilegalidad de la principal actividad económica de Balears, cerca del 50% directo de su Productor Interior Bruto.
Los inspectores de Turismo deben comprobar la existencia de las infraestructuras y servicios obligatorios impuestos por la legislación turística de los 1.785 establecimientos hoteleros y apartamentos que hay en Mallorca, cantidad que supone que 300.747 plazas turísticas pasan por su escrutinio. A los hoteles y apartamentos se deben añadir, también, las viviendas de alquiler vacacional. En total, 392.747 plazas turísticas, sin contar las ilegales que por supuesto también deben perseguir, según datos proporcionados por la conselleria de Turismo.
Pero no sólo hoteles, apartamentos y alquiler vacacional son competencia del departamento de Inspección turística del Govern. A ellos se le deben sumar las cerca de 500 agencias de viaje; más de 10.000 bares, restaurantes y discotecas; 207 centrales de reservas; 161 agencias de 'rent a car' dadas de alta; 119 mediadores turísticos; 83 establecimientos que ofrecen experiencias de turismo activo; y una cantidad sin especificar de guías turísticos. Un volumen de trabajo ingente que se incrementa durante la temporada alta, y al que se le suman las ausencias por disfrute de vacaciones de verano de algunos inspectores, por lo que es difícil que en julio y agosto la plantilla de 15 inspectores esté en activo al completo, reconoce Sansó.
"Nuestro problema es que Función Pública nos dice que no podemos crecer en personal", asegura el director general de Turismo. Ante la contundencia de los números, Antoni Sansó reconoce que quince es una cifra"insuficiente", pero admite también que aunque va a "luchar" para que aumente la plantilla, pronto la patata caliente va a pasar al Consell de Mallorca. De hecho, la conselleria de Turismo tiene la competencia de inspección de Mallorca por días contados. Teóricamente, el 1 de enero de 2019 el Govern se la transferirá a la institución insular.
Es cierto que "hay un mayor volumen de trabajo, pero éste ha cambiado", asegura Sansó. Se refiere a que con la antigua normativa, el inspector debía probar que en un piso turístico ilegal la gente que había eran turistas. La nueva ley establece que lo que se tiene que probar es la comercialización y la publicidad que se hace con fines turísticos, por lo que los inspectores tienen menos trabajo de campo y se dedican más a rastrear por internet si encuentran anuncios y ofertas ilegales.
Declaración responsable
Uno de los factores que ha cambiado en mayor medida el trabajo de la inspección turística es la figura de la declaración responsable. Se trata de una fórmula inspirada en el principio de fomentar la actividad económica sin que sufra el embudo de la burocracia, y por supuesto no es exclusiva de Turismo.
Para poner en marcha una nueva actividad es posible acompañar la petición de una declaración responsable, en la que el solicitante, declara, bajo su responsabilidad, que cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa sectorial. Ello obliga a una comprobación posterior. La Declaración responsable de actividad turística o DRIAT, permite iniciar con mayor celeridad los negocios y actividades profesionales, pero también hace que los inspectores deban confirmar si aquello que se declaró, finalmente se corresponde con la realidad.
De hecho, internet ha cambiado irremediablemente la actividad turística, y por lo tanto también su control administrativo. Hasta la irrupción de las plataformas online y el alquiler turístico masivo, la oferta de alojamiento eran básicamente hoteles y apartamentos, a los que el inspector se desplazaba en persona, hacía las comprobaciones oportunas y a seguir la ruta. Aunque haya existido históricamente la picaresca de tener más plazas de las declaradas, las empresas hoteleras estaban identificadas, y el campo de trabajo era más concreto.
Casos como Palmaque han prohibido tajantemente el alquiler de pisos, obligan a los inspectores a rastrear en internet lo que se ofrece en cada una de las plataformas. Una tarea ingente teniendo en cuenta el gran número de comercializadores e intermediarios y de propietarios dispuestos a explotar sus propiedades. La ley aprobada por el pacte, sin ir más lejos, exige que estas plataformas exhiban los números de licencia de actividad, algo que los funcionarios de Turismo deben comprobar.
Precisamente, el mes de agosto de 2017 la Conselleria requirió a diferentes comercializadoras que cumplieran la ley y obligaran a todos los que publicitaban propiedades como alojamiento turístico incorporasen el número de inscripción turística o el número de registro de la declaración responsable. Inspección turística comprobó que seguía habiendo publicidad de diferentes propiedades sin los preceptivos números de licencia, y tras reiterar la petición, acabó multando a Airbnb, Homeaway y Tripadvisor.
Los pisos turísticos protagonizan las denuncias a Inspección
De las 235 denuncias que tramitó la dirección general de Turismo a partir de la entrada en vigor de la reforma de la ley 8/2012 el 1 de agosto de 2017, 213, es decir, la inmensa mayoría correspondían a viviendas ubicadas en edificios plurifamiliares. Sólo 4 denuncias, ya sean de particular o de oficio de la propia Inspección, hacían referencia a casas unifamiliares. Los datos constatan que son las actividades turísticas en los edificios donde también hay residentes los que generan mayor número de molestias y, consiguientemente, denuncias. Además, cabe añadir que durante el año 2017 no era legal comercializar ningún piso en plataformas turísticas, ya que la ley anterior no lo permitía, y la que reformó el equipo de Biel Barceló establecía una moratoria hasta que se aprobara la zonificación. Por tanto, era legalmente imposible que un piso de alquiler turístico tuviera amparo legal.
De estas 235 denuncias, 147 fueron presentadas directamente por particulares, y 43 llegaron por vía telemática. Otras 45 se debieron a la actuación de oficio de la propia Inspección. En el cómputo total del año 2017, el número de denuncias fue de 448, de las que 330 correspondían a iniciativa particular y 125 de oficio.
De momento, Turismo todavía no dispone de los datos de sanciones resultantes de las 448 denuncias, teniendo en cuenta que todavía hay expedientes abiertos. En muchos casos, los particulares se preguntan si pueden denunciar a un vecino por actividad turística irregular, teniendo en cuenta que, a menudo, puede haber problemas de convivencia. Turismo pone a disposición de los ciudadanos un correo electrónico: bustiainspeccioturisme@dgoturis.caib.es.
