Representantes del grupo promotor de la campaña 'Únete por una buena financiación' de Balears y de la Plataforma para una Financiación Justa de la Comunidad Valenciana se reunieron ayer en Palma para intercambiar experiencias y opiniones con el objetivo de trabajar en la "sensibilización y concienciación de la ciudadanía" y exigir al Gobierno central "un cambio radical de su postura".

Los miembros de las plataformas de entidades sociales, políticas , sindicales y empresariales resaltaron su decisión de unir "fuerzas para presionar al Gobierno central, que tiene la llave de la caja". Con este fin, en Balears se realizarán varias actuaciones de sensibilización que culminarán con "una gran manifestación", prevista para "finales de octubre o principios de noviembre".

La jornada de trabajo de las dos plataformas incluyó una reunión con la presidenta del Govern, Francina Armengol. Por la tarde, el grupo 'Únete por una buena financiación' celebró un acto al que invitaron a representantes de la Plataforma para una Buena Financiación de Balears.

Los portavoces de la Plataforma de la Comunidad Valenciana y del grupo promotor de la campaña balear resaltaron la importancia de reclamar unidos un cambio de modelo de financiación, aplazado desde 2014, y concienciar a la ciudadanía sobre los costes del desequilibrio en el reparto de fondos entre las Comunidades Autónomas.

Presionar

Miquel Rosselló, del grupo de 'Únete por una buena financiación', que forma parte de una plataforma más amplía con 65 entidades baleares adheridas, animó a "crear conciencia social" para "presionar" al Ejecutivo del PP. "No queremos competir con nadie salvo con el Gobierno central", dijo en este sentido Ismael Saez, líder de UGT de la Comunidad Valenciana, integrada en la plataforma Financiación Justa, quien hizo hincapié en que no se trata de una disputa entre territorios sino de exigir la ampliación de los fondos que reparte el Estado.

Para Rosselló, "no es excesivamente esperanzador" que no se aceptara ninguna de las aportaciones del representante balear en la comisión técnica que hizo un informe preliminar para modificar el sistema de financiación y tampoco es buena señal que el Gobierno central esté demorando el inicio de la negociación política. Por ello, consideró necesario llamar la atención sobre las carencias financieras de regiones discriminadas, como son Balears y la Comunidad Valenciana, e instar a la movilización a entidades sociales y la ciudadanía, siguiendo el ejemplo de la manifestación celebrada en Valencia el pasado noviembre.

Infrafinanciación

La representante de Compromís en la delegación de la Plataforma Financiación Justa desplazada ayer a la capital balear, Àgueda Micó, explicó que el encuentro con la organización balear busca la "convivencia entre territorios" que a causa de su "infrafinanciación" tienen dificultades para ofrecer los servicios públicos que merecen sus ciudadanos.

Micó dejó claro que no se trata de lograr "más ingresos a costa del bienestar de los ciudadanos de otras comunidades", sino de obtener "un trasvase de capacidad económica del Gobierno central hacia los territorios", con mejor dotación para los servicios básicos transferidos y mayor participación de las regiones en la recaudación de impuestos como el IRPF y el IVA.

"La unidad hará la fuerza", sostuvo la representante de Compromís en la delegación de la Plataforma valenciana que partícipó en la reunión. Micó consideró preciso combatir la "política centralista del PP", que refuerza un modelo en el que "los lobbys se concentran en Madrid".

Ismael Saez puso como ejemplo "sangrante" del desequilibrio inversor entre las regiones de España la falta de desarrollo del Corredor Mediterráneo, a pesar de que la mitad del PIB y de la población del país se concentran en las regiones que se verían beneficiadas por el desarrollo de los transportes en esa área.

"El Estado carece de sentido común, de sensatez y de criterio práctico", agregó el líder valenciano de UGT, quien recordó que la suya es la única de las comunidades con renta per cápita por debajo de la media española que aporta a la caja común más de lo que recibe.