El Gobierno central se dispone a recortar entre 25 y 30 millones más a Balears mediante una disposición en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.

Suprimen el tramo de recaudación autonómica del Impuesto de Hidrocarburos y lo repartirá entre todas las comunidades mediante el Sistema de Financiación Autonómica (SFA), siendo las islas la comunidad más perjudicada por esta nueva fórmula porque lo que se recauda en las islas se repartirá con el resto de comunidades. Balears, al igual que otras regiones, destina el tramo autonómico de este impuesto a sufragar una parte de la sanidad pública: es el llamado 'céntimo sanitario'.

Un análisis de la conselleria de Hacienda que dirige Catalina Cladera apunta que Balears perdería entre el 65% y el 75% (25-30 millones de euros) de la recaudación de este impuesto en el caso de que el PP finalmente obtuviera el apoyo necesario para aprobar los nuevos presupuestos. En el año 2017 se recaudaron 39 millones que se destinaron a la sanidad pública. Con el nuevo reparto que pretende Madrid solo ingresarían entre 9 y 14 millones.

El Govern se opone de forma rotunda a esta modificación que impulsa PP y Ciudadanos en Madrid. Según el estudio de Hacienda al que ha tenido acceso este periódico, Balears sería la comunidad autónoma más perjudicada del Estado. En cambio, los ingresos aumentarían para las comunidades que no aplican el tramo autonómico, como es el caso de Castilla y León, Cantabria o la Rioja. O también las que no aplican el máximo: Madrid, Extremadura y Aragón.

Los ingresos del llamado 'céntimo sanitario' que hasta la fecha recaudaba el Govern del Impuesto sobre Hidrocarburos serían incluidos en una caja única y repartidos con el resto de comunidades. Esta medida, según el estudio de la conselleria de Hacienda, supone un recorte a la capacidad de gestión de los recursos propios que se generan en las islas. El Govern considera que la medida impulsada por el Gobierno central "conduce hacia un modelo recentralizador del Sistema de Financiación Autonómico" del que está en total desacuerdo.

El nuevo sistema de recaudación que pretende Madrid tampoco serviría para bajar el precio de los combustibles a los consumidores, que pagarán el mismo importe del impuesto cuando acudan a repostar sus vehículos.

Los tramos del impuesto

Balears, Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Murcia, Valencia y Castilla la Mancha aplican el tipo máximo del 'céntimo sanitario' en el Impuesto de Hidrocarburos. Ello significa 48 euros por cada mil litros de gasolina y gasóleos consumidos en sus comunidades. Este dinero es destinado integramente a la sanidad pública.

El Gobierno central pretende, en su disposición incluida en el proyecto de ley de Presupuestos, que el aumento de la recaudación de estos tramos sea igualmente para las comunidades autónomas. No obstante, según la conselleria de Hacienda, introduce un cambio determinante que es donde perjudica seriamente los intereses de las islas: Quiere acometer una "nivelación de los recursos y repartirlos entre todas las comunidades".

Por otra parte, los PGE incluyen una salvaguarda para aclarar que los recursos adicionales que supondrá este cambio de sistema no se restarán del Fondo de Suficiencia. Sin embargo, no garantiza que la medida sobre el Impuesto de Hidrocarburos no afecte al Fondo de Garantía y Competitividad que recibe Balears en su sistema de financiación. En estos momentos la ampliación del tramo autonómico es decisión de cada comunidad y no está incluido en el sistema de financiación. En cambio, si el tramo es eliminado y se convierte en estatal, sí quedaría incluido en la nivelación del Fondo de Garantía y de Competitividad, perjudicando también en el montate total que Balears debe recibir cada año del Estado.

El Govern reclama una mayor autonomía fiscal y exigirá al PP que rectifique y acepte las enmiendas que, principalmente el diputado socialista Pere Joan Pons, ha presentado a las cuentas del Estado en el Congreso.