Los impuestos no tienen nada de popular, lo difícil muchas veces es crearlos, aunque haya veces que se revisten con fines sociales para que nos parezca menos gravoso tener que pagarlos. Algo así pasa con el 'céntimo sanitario''céntimo sanitario, que ha servido oficialmente hasta ahora para recaudar unos 30 millones que se destinan a la infradotada sanidad pública balear. Los isleños estamos resignados a pagar los combustibles más caros de España y hasta ahora la excusa de que una parte de lo que abonábamos por litro de gasolina se iba para sufragar lo que cuestan nuestros hospitales y personal sanitario era un consuelo.
Las cosas pueden cambiar ahora si el que reparte ahora no es el Govern balear y sí es ese gobierno de Madrid que tantas muestras ha dado de discriminarnos a la hora de financiarnos. Ahora puede que hasta que esos céntimos de más que pagamos por el combustible vayan a parar a Asturias o la Galicia de Feijóo o a la Andalucía de Susana Sánchez. Todo muy consecuente, como tienen las mejores y mejor financiadas carreteras es junto que les ayudemos pagando el combustible más caro.
Ya se sabe que los diputados de Balears no cuentan para nada y que sus votos para que el Gobierno de turno saque adelante los Presupuestos Generales del Estado no cuentan igual que los de los vascos o canarios, por poner ejemplos que están ahí.
Por encima de todo, la nueva maniobra de Madrid, de hacerse con las riendas a la hora de repartir lo recaudado por el impuesto de Hidrocarburos, es un síntoma de que estamos ante una más que visible recentralización del Estado, jaleada por los sectores que no creen en las autonomías y que añoran un Estado central fuerte, capaz de aplicar si hace falta, y sin ningún tipo de dudas, el artículo 155.
La solidaridad entre autonomías debería ser una norma, pero lo que no puede ser un axioma es que siempre sean los mismos, en este caso los ciudadanos de Balears, los que salgan perjudicados con el reparto de las cargas y los que menos reciban per capita.
