Juristas reclaman reformas para evitar casos como el de la Manada

Pilar Ferrer, catedrática de Derecho Civil de la UIB, reconoce que su especialidad no es el Derecho Penal, pero opina que situaciones como esta se podrían evitar "vía legislador (Las Cortes) y ajustando de forma más precisa el tipo penal". Ferrer cree que si dos de los magistrados no han visto el tipo de la agresión sexual no se puede condenar por ese delito, "pero lo que no entiendo es el voto particular".

También recomienda cambiar el delito de abusos sexuales e incluir en él el tipo agravado que ya existe en la agresión sexual de que la violación se cometa por dos o más personas Xisca Figuerola, una joven abogada. Figuerola, a la que no le parece bien "juzgar al juzgador", sostiene que sí hubo delito contra la intimidad por la grabación de los abusos que hicieron los acusados, lo que habría subido su condena 2 ó 3 años.

Xisca Mas, letrada y exdirectora del Institut Balear de la Dona, califica la sentencia de "escándalo jurídico" y sostiene que "los hechos reflejan una agresión sexual en grupo, una violación". Mas añade que "a los jueces que han firmado esto les falta la conexión con la realidad" y reclama que "el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mejore la formación de los jueces en materia de agresiones a las mujeres".

Maria Durán, una veterana defensora de los derechos de las mujeres y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, coincide con Mas en que el CGPJ "debería insistir en la formación en género de los jueces". Durán mantiene que sí hubo intimidación y agresión sexual: "no entiendo cómo cinco personas (contra una joven) no puede ser contemplado como intimidación, como lo ve cualquier ciudadano o ciudadana". La jurista añade que "se debe afinar más el Código Penal y reformarlo para concretar más los delitos (contra la libertad sexual), pero la clave es la interpretación de los jueces y eso depende mucho de su formación".

Jaume Campaner, profesor de Derecho Asociado de la UIB y abogado, discrepa de la sentencia porque él si ve "intimidación ambiental" de la víctima. Campaner añade que "el juzgador no puede exigir condenas heroicas a las víctimas y que éstas pongan en peligro un bien jurídico superior como es la vida". Campaner y otros penalistas, como Gaspar Oliver y Bartomeu Salas, ponen el acento de cara a las sentencias sobre el caso que se dicten en otras instancias en el voto particular del magistrado discrepante. "Este juez destaca que el tema del prevalimiento no fue objeto de debate en el juicio oral y vulneraría el principio acusatorio", apunta Campaner. Gaspar Oliver resalta que en este proceso se ha dado la prueba poco frecuente de los vídeos de los contactos sexuales, que dos de los magistrados han interpretado de una manera y el tercero de otra diferente. El penalista añade que serán los tribunales superiores los que tengan que interpretar estos vídeos. Bartomeu Salas se declara sorprendido por las visiones distintas de unas mismas grabaciones y resalta que el voto particular está bien fundamentado.

Gabriel Garcías, profesor de Derecho Penal de la UIB, afirma que "hay que dar un voto de confianza a los dos magistrados que no han visto probada la agresión sexual y sí los abusos sexuales". Garcías rechaza que los condenados "se hayan ido de rositas", porque 9 años es una condena muy elevada y repudia "el populismo punitivo", que se traduce en frecuentes cambios de la Ley a golpe de portada informativa.

El abogado José Ignacio Herrero, resalta la dificultad de entender circunstancias como "la violencia", la "intimidación", "el ensañamiento" y "el abuso de superioridad". Herrero añade que, por otro lado, la "gente equipara violación con penetración y abusos a no penetración".