El juez Miguel Florit, nuevo instructor de la llamada trama policial, ha decidido sentar en el banquillo de los acusados, entre otros, al diputado Alvaro Gijón y al delegado del Gobierno, José María Rodríguez, y les acusa a ambos de aceptar invitaciones sexuales financiadas por un conocido empresariocon intereses en la Playa de Palma, que a cambio de estas prebendas, lograba beneficios para sus negocios. El empresario al que también acusa el juez es Miguel Pascual, propietario del grupo Pabisa, dueño de locales de ocio, hoteles y prostíbulos, la mayoría de ellos ubicados en el Arenal. Este empresario fue detenido hace casi tres años y se encuentra en estos momentos en libertad bajo fianza de 100.000 euros.
Los nombres de los dos conocidos políticos relacionados con el Partido Popular aparecen citados en un auto, dictado ayer por el juez, por el que se decide abrir una pieza separada, que se juzgará al margen de la llamada trama policial. Un nuevo caso en el que el juez pretende sentar en el banquillo de los acusados a un total de 16 personas, entre empresarios, trabajadores jubilados del Ayuntamiento de Palma, policías locales y políticos.
El juez Florit considera que la investigación que se viene dirigiendo desde el juzgado desde hace más de cuatro años ha recogido indicios sólidos contra estas 16 personas que justifican que sean juzgados, como mínimo, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, coacciones y pertenencia a organización criminal. Será la fiscalía la que concrete qué delitos habrían cometido cada uno de estos acusados y las penas de prisión que les correspondería, siempre y cuando el tribunal que les juzgue les hallara culpables.
El magistrado ha considerado que estos hechos relacionados con el grupo Pabisa no tienen una relación directa con la investigación del llamado caso Cursach. Por este motivo, entiende que se deben juzgar como una pieza separada, al margen del sumario matriz de la causa, y ello porque hay muchos de los hechos que se investigan que nada tienen que ver con una serie de personas que aparecen investigadas en la trama.
El auto del juez Florit es relativamente corto, sobre todo si se compara con las resoluciones que dictaba el magistrado Manuel Penalva. Sin embargo, el texto es lo suficientemente contundente en cuanto a que el juez entiende que "diversos testigos han manifestado que Miguel Pascal, responsable del Grupo Pabisa, con numerosos negocios de ocio ubicados en la Playa de Palma, proporcionaba prebendas a determinados policías locales, y políticos con mayor o menor influencia, consistentes en comidas, bebidas y favores sexuales, a disfrutar en una finca de su propiedad y en establecimientos de ocio, a cambio de obtener un trato de favor, que no realizaran inspecciones, que le preavisaran de las mismas y se montaran servicios de seguridad en las inmediaciones de sus locales". Al mismo tiempo, el juez señala que estos policías locales, a cambio de estas prebendas, eran "condescendientes con los incumplimientos de horarios y aforos" de los locales del empresario Pascual, a la vez que se sometía a constantes inspecciones a los negocios de la competencia del grupo Pabisa.
La finca que se refiere el juez en su resolución es sa Bassa, ubicada en Llucmajor donde, según han declarado varios testigos, se organizaban orgías sexuales con prostitutas donde acudían políticos y policías locales. Eran las mismas personas, según sospechan los investigadores, que también mantenían relaciones sexuales gratuitas en los prostíbulos que tiene dicho empresario en la Playa de Palma. Supuestamente, entre la lista de políticos que se habrían beneficiado de estas invitaciones sexuales habrían sido José María Rodríguez y Álvaro Gijón. Al primero de ellos lo sitúa una testigo, que le identificó como uno de los asistentes a las orgías que se organizaban en la finca de Llucmajor, si bien el exdelegado del Gobierno siempre ha negado esta grave acusación.
Los sospechosos
Además de Rodríguez, Gijón y el empresario Pascual, el juez quiere sentar en el banquillo a los investigados Tomás Mas Castellá, Tomás Mas Sastre, Carlos Tomás Pico, Daniel Montesinos, Carlos Vallecillo, Bartolomé Capó, Jorge Blasco Juan Vidal, Juan Llompart, Pedro Siquier, Gabriel Piris, Angel Font y Manuel Martín. A todos ellos el juez les imputa los cinco delitos, entre ellos el de pertenencia a organización criminal. La mayoría de estos imputados son policías locales de Palma, que también aparecen investigados en la trama Cursach.
Cabe recordar, que la fiscalía, para sostener la acusación, cuenta con la declaración de varios testigos, la mayoría de ellos prostitutas, que han asegurado que el empresario Pascual financiaba las relaciones sexuales que mantenían con políticos y policías locales en los prostíbulos del Arenal. Algunas de estas chicas, además, eran llevadas a la finca de Llucmajor para que participaran en las orgías sexuales a las que también asistían las mismas personas. A cambio de todo ello, el empresario era avisado con anterioridad cada vez que la Policía Local de Palma tenía previsto realizar una inspección en uno de sus locales de ocio, para que estuvieran preparados. También habría recibido el empresario, supuestamente, un trato de favor en el Ayuntamiento de Palma, financiando las relaciones sexuales que un exfuncionario tenía en su club de alterne.
Debido a que Álvaro Gijón es diputado y, por tanto, es aforado, esta pieza separada será juzgada por el Tribunal Superior de Justicia y no por la Audiencia de Palma.
Por otra parte, Florit también dictó ayer un auto, en el que abre el primer macrojuicio contra el empresario Bartolomé Cursach por sobornar a funcionarios. Este auto ha tenido que redactarse de nuevo porque el primero fue anulado por la Audiencia.
