El encargado de Cárnicas Vicente, la empresa de productos cárnicos que fue objeto el pasado marzo de una operación policial por varios delitos, entre ellos contra la salud pública, negó ayer ante el magistrado Juan Ignacio Sola la venta de género en mal estado o caducado. El empleado aseguró que cambiaban las etiquetas del producto de origen por las suyas para que los clientes no les puentearan y compraran directamente a sus proveedores y que la carne prolongaba su fecha de caducidad si se congelaba.
El propietario de la empresa, Vicente T., y dos de sus empleados, fueron imputados por la Policía por los supuestos delitos de estafa, contra la salud pública, fraude a la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental.
Vicente T. ya declaró en el juzgado de guardia cuando fue detenido y quedó en libertad. Ayer fueron interrogados en el juzgado de instrucción 11 de Palma, su encargado y otra trabajadora.
Informes de los clientes
Antoni Monserrat, abogado del empresario, ha aportado al sumario informes de algunos de los muchos clientes de la distribuidora que afirman que siempre se les vendió género en buen estado y que tampoco se sienten estafados.
Cárnicas Vicente suministraba alimentos a restaurantes (algunos de lujo), hoteles y colegiosalimentos a restaurantes (algunos de lujo), hoteles y colegios (entre ellos uno de Algaida). Varios clientes han declarado estar satisfechos con su trato.
La Policía acusó a la industria de estafar a los compradores vendiéndoles carne congelada, previamente descongelada con agua caliente como si fuera fresca.
El encargado negó esa imputación y aseguró que algunos clientes pedían la carne congelada ya descongelada y sabían lo que adquirían.
Amenazas a los trabajadores
Los investigados también están acusados de verter amenazas contra la plantilla y de obligar a ésta a hacer jornadas de hasta 60 horas semanales. La empleada imputada aseguró ayer que no denunció antes las irregularidades por miedo a la empresa.
El punto de partida de las pesquisas de la UCRIF fueron las pésimas condiciones laborales detectadas en sus trabajadores. La jornada se iniciaba a las seis de la mañana y no concluía hasta las cuatro de la tarde, con una breve pausa para comer, al cabo de una semana se cumplían 60 horas.
La distribución de los productos también se encomendaba al personal que era encargado de tratarlo. De acuerdo con la investigación, los portes de estos alimentos los hacían en su vehículo particular, carente de refrigeración, y el consumo de combustible corría a cargo de su propio bolsillo. Los trabajadores también tenían que comprarse ellos los cuchillos y los guantes metálicos.
