Del colapso circulatorio creciente que padecen las carreteras de Mallorca cada verano se tiene la evidencia palpable y se padecen las consecuencias. No está claro que exista conciencia clara sobre los peligros reales que comporta porque, de ser así, imperarían otros comportamientos y reacciones. Parece más bien que se rebaja al nivel de molestia, de incordio momentáneo, lo que es riesgo permanente para visitantes, residentes y su hábitat, una alegre isla vacacional que ha sido degradada a la insalubre condición de estación de transferencia del gran negocio, bendecido con protección fiscal, de la reventa de coches.
El Govern no sabe cómo poner freno a la llegada de coches de alquiler. No tiene cuantificada la capacidad real que puede soportar cada isla. Se siente también vigilado por una normativa europea amiga incondicional del libre comercio y de la competencia y aún alérgica a la discriminación entre coches particulares y de alquiler. La patronal del arrendamiento de vehículos está que trina porque ve clara competencia desleal en comercializadoras de segunda mano con apariencia de rent a car.
Se da por hecho que tres de cada cuatro coches que entran en la isla para ser alquilados acaban revendidos. Hay puerto de entrada y de salida en la isla de transferencia partiendo de unos descuentos de adquisición que pueden ser de hasta el 40%. La gran afluencia de turistas y el auge del alquiler vacacional propician el camuflaje de la reventa de coches en un territorio limitado por imposición mediterránea y un parque móvil de más de ochocientos mil coches.
Están colapsadas las carreteras y está colapsada la gestión del enorme problema. Los estudios técnicos sirven, a lo sumo, de diagnóstico y no de solución. La fluidez de la realidad solo puede circular por la reducción de la voracidad mercantil, por un cambio de mentalidad en la movilidad y por una normativa europea que admita como tal la evidencia insular y turística. Demasiado para justificar el "interés general" que se reclama.
