Diego Galiano, presidente de la organización que agrupa a los agentes de la propiedad inmobiliaria de España, acude acompañado del máximo responsable del colegio balear, José María Mir, en el marco de unas jornadas cuyas plazas se vieron agotadas una semana antes de celebrarse.
¿Cómo calificaría la situación de una isla en la que resulta difícil encontrar alquileres por menos de 700 euros al mes?
Mallorca registra una altísima demanda de vivienda frente a una oferta muy escasa.Factores como el famoso alquiler turístico, típico de Balears al igual que de algunas grandes ciudades, presionan muchísimo sobre el alquiler tradicional, tanto que se despierta la avaricia, aunque quizás debería de decir la tentación económica, de los propietarios de los inmuebles, que esperan a que llegue la prórroga legal, a los tres años, para no renovar el contrato de ese alquiler clásico y decantarse por el vacacional. Si te dicen que en una semana vas a ganar 2.000 euros, la gente se decanta por esta opción. Los poderes públicos deberían velar por el equilibrio en el mercado del alquiler.
¿No hay medidas correctoras ante este trasvase?
Hay colectivos que proponen que la flexibilización del alquiler de 2013, que pasó el plazo para las revisiones del contrato de los cinco a los tres años, se corrija de nuevo para volver a los cinco años o incluso superar ese plazo, para así dar estabilidad a las familias en una vivienda digna. Pero eso choca con el derecho de propiedad, que como sabemos en este país es muy potente, y que permite a los dueños hacer lo que quieran con su bien siempre que sea legítimamente.
¿Responsabilizamos al alquiler turístico de la escalada de precios?
En Balears es un factor clave. Pero hay otro: los propietarios tienen miedo a los impagos y a los actos vandálicos, lo que explica también la escasez de oferta para alquileres tradicionales frente a la elevada demanda existente. Quizás aquí hay falta de asesoramiento de un buen agente de la propiedad inmobiliaria que guíe y proteja al propietario en caso de impago. También sería válido que existieran incentivos fiscales para los propietarios que opten por dedicar su inmueble al alquiler tradicional.
Volvamos al alquiler turístico. Unos defienden que genera y distribuye riqueza. Otros alegan que no todo el mundo puede ser hotelero y que se está provocando una saturación en la llegada de visitantes. ¿En qué lado de la balanza se sitúa usted?
Siempre he admirado el desarrollo turístico de Balears y la riqueza que genera. Pero como agente de la propiedad inmobiliaria a mí no me gusta la dimensión social que está alcanzando el problema. Se está produciendo una expulsión de familias de su hábitat tradicional al no poder pagar los alquileres en las zonas que por el devenir del mercado se han convertido en barrios de atractivo turístico. Esa dimensión social es muy grave.
¿La solución de limitar el alquiler turístico por zonas es la adecuada?
La obligación de las Administraciones públicas es intervenir en aquellos mercados en los que hay desajustes, porque los ciudadanos no pueden sufrir las consecuencias negativas de éstos. Las dudas que se pueden generar radican en la arbitrariedad que puede darse a la hora de fijar esas zonas.
¿Se puede decir que Balears es una de las comunidades autónomas donde esos desajustes son más claros?
Los desequilibrios del mercado inmobiliario balear son evidentemente muy importantes, y pueden llegar a suponer un bloqueo en la llegada de profesionales cualificados por no poder hacer frente al coste de la vivienda. Eso pasa a convertirse en un problema muy grave. ¿Los bares pueden poner mesas donde les de la gana invadiendo incluso la fachada del negocio vecino? Es evidente que no. De ahí la obligatoriedad de las Administraciones de intervenir en este tema y de fijar normas cuando hay desequilibrios, y el materia de alquileres, en Balears son clarísimos.
Hubo una época en la que las Administraciones impulsaron la vivienda protegida para las clases medias y bajas. Ésta prácticamente ha desaparecido.
Es incomprensible que hayan dejado transcurrir los años de la crisis, en los que se hubiera podido preparar el escenario que venía, porque todo el mundo sabía que la recuperación iba a llegar y que habría un cambio de ciclo. ¿Por qué las Administraciones cerraron los ojos? La ausencia de vivienda a un precio público está haciendo que esos desequilibrios sean aun más importantes, especialmente en zonas como Mallorca.
Por lógica, eso parece. No se ve una solución en breve y por eso quiero insistir en lo grave que resulta la dimensión social de esta situación.
¿Volvemos a estar ante el peligro de una nueva burbuja inmobiliaria?
Si las entidades financieras controlan el riesgo y evitan que las familias se sobreendeuden otra vez, no veo el riesgo de una nueva burbuja. En la crisis anterior hubo también mucha responsabilidad de las sociedades de tasación, que sobrevaloraron muchos inmuebles. Sobre todo hay que evitar el sobreendeudamiento, y en este aspecto conviene recordar que lo ideal es que la cuota a pagar por la hipoteca no debe superar el 33% de los ingresos familiares. En todo caso, el peligro de Mallorca está en que el exceso de demanda de viviendas y la escasez de la oferta generen encarecimientos inasumibles.
Hay personas que ante posibles multas han dejado de destinar la vivienda al alquiler turístico, pero evitan el alquiler tradicional por miedo a la morosidad y optan por venderla.
Los propietarios deben de perder el miedo a alquilar por el simple hecho de recurrir a un agente de la propiedad inmobiliaria, que les va a asesorar sobre el proceso, los riesgos y las soluciones si surgen problemas. Lo grave es que todo el mundo se cree autosufiente, y hay que evitar decisiones sin la ayuda de un profesional cualificado a la hora de manejar un bien de tanto valor como una vivienda.
