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Movilidad

El Pacto exige a Rajoy que aclare en Palma el descuento aéreo del 75%

El PP compara la ausencia de Bauzá del pleno del Senado que votó el incremento con la de Antich en la decisión sobre el 155 para Cataluña

La portavoz parlamentaria popular, Marga Prohens. pp

Los partidos del Pacto emplazaron ayer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a aprovechar su visita el sábado a Palma para participar en la Convención Nacional de Turismo del PP no sólo para prometer el descuento aéreo del 75 por ciento para residentes, sino para aclarar cómo lo hará. PSIB, Més per Mallorca y Podemos, que dieron por hecho que Rajoy aprovechará su estancia en Mallorca para referirse a este asunto y al REB, recordaron que a pesar de las promesas de los populares, la realidad es que el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno central no incluyó esta bonificación.

La visita de Rajoy a Palma, precedida de los diferentes movimientos para que el 75 por ciento de descuento para residentes sea una realidad, aparece también teñida por la polémica por la ausencia de José Ramón Bauzá (PP) senador y expresident del Govern, del pleno del Senado que aprobó la pasada semana por unanimidad instar al Gobierno central a incluir en los Presupuestos Generales del Estado este incremento. La portavoz parlamentaria popular, Marga Prohens, admitió ayer que Bauzá debió estar presente en esta votación y recordó que el expresident "ya pidió disculpas". No obstante, consideró que su ausencia no tiene más relevancia que la del también senador autonómico y expresident Francesc Antich (PSIB) que "debía estar en (la votación) del 155 (para Cataluña) y se salió" de la sala de plenos del Senado "en la votación más importante de esta legislatura" en la Cámara alta.

Prohens adjudicó al PSIB la responsabilidad de que se logre el 75 por ciento de descuento aéreo, ya que es el partido que "debe dar explicaciones de por qué no quiere votar a favor de los Presupuestos Generales del Estado" para que se apruebe. "Lo importante no es la votación de Bauzá, sino el voto de los socialistas cuando el 75 por ciento esté en los Presupuestos Generales, dijo la portavoz popular.

Poco después, el portavoz parlamentario socialista, Andreu Alcover, desligó la aprobación de los presupuestos estatales del logro del incremento del descuento de residente y afirmó que lo importante es que se incluya en el REB que negocia el Govern con el Gobierno central ya que, una vez aprobado, sería suficiente con una "modificación presupuestaria". Alcover recordó que este asunto no tiene por qué estar necesariamente vinculado a la aprobación de unos presupuestos "lesivos" para los intereses de Balears en muchos otros aspectos, como el que dejan a las islas a la cola de las inversiones estatales. "No sabemos qué anunciará exactamente el sábado Rajoy, pero por el momento el 75 por ciento no está en los presupuestos del Estado", dijo Alcover emplazando al presidente del Gobierno a aclarar cómo lo hará realidad.

El portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Josep Ferrà, también emplazó a Rajoy a explicar este asunto. "No lo tiene fácil", dijo Ferrà quien recordó que el PP no dispone de una mayoría suficiente en el Congreso para aprobar los presupuestos. Para lograrlo, consideró que Rajoy deberá abrir un diálogo "mucho más amplio" con los partidos progresistas en el debate de las enmiendas a los presupuestos, para lo cual le instó a acabar con la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

El portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, exigió al presidente del Gobierno que concrete este asunto en lugar de "venir a Mallorca como la Anunciación o el arcángel San Gabriel para confirmar la promesa del 75 por ciento como si fuera una graciosa concesión, después de haber estado actuando como el ángel exterminador de Balears vetando las iniciativas de las islas en el Congreso".

Por otro lado, la Asociación de Navieros españoles (Anave) reclamó que si se aprueba el descuento de 75 por ciento, se aplique también al sector marítimo, ya que de lo contrario supondría una distorsión de la competencia y una discriminación contraria a la normativa de la UE.

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