17 de abril de 2018
17.04.2018
Lengua

Moción del PP en el Senado para que el catalán sea un mérito en la función pública

Los populares instan al Gobierno central a revisar el decreto promulgado para la sanidad pública para que estudie la posibilidad de recurrirlo

17.04.2018 | 01:44
Imagen de la reunión mantenida de Company, Riera y los senadores del PP con los delegados sindicales del CSIF.
El presidente del PP balear, Biel Company, trasladó ayer a los representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) el compromiso de su formación de derogar el decreto aprobado por el Govern de izquierdas presidido por Armengol que regula la exigencia del catalán en la sanidad pública.

De hecho, Company les informó de la presentación de una moción en el Senado a iniciativa de los tres senadores baleares electos para instar al Govern a defender que se permita el acceso a la función pública sin restricciones y que el conocimiento de la lengua cooficial se valore como mérito y no como un motivo de exclusión en aquellas comunidades bilingües.

La moción, firmada por los senadores Miquel Ramis, Catalina Soler y Santiago Marí, fue registrada la pasada semana en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado y es una demostración de la posición del PP de las islas contra una medida que, a su juicio, amenaza con perjudicar seriamente la calidad asistencial sanitaria en Balears y que complica, todavía más, la llegada de profesionales sanitarios al archipiélago para cubrir todas las plazas necesarias, en opinión de la formación dirigida por Biel Company.

El presidente de los populares también ha trasladado a los representantes sindicales que desde el PP se ha instado al Gobierno central a analizar el decreto de catalán aprobado por el Govern de Armengol con vistas a un posible recurso.

Carrera profesional


Durante la reunión, también se trató el tema del complemento salarial de la carrera profesional, un asunto que preocupa a los funcionarios ante las noticias aparecidas en los últimos días ante un posible recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central al poder haberse soprepasado el techo de gasto a los empleados públicos por esta remuneración.

En este sentido, el presidente de los populares baleares quiso tranquilizar a los responsables sindicales y les manifestó la firme postura de la formación autonómica de defender lo que no dudó en calificar como "un derecho de los trabajadores públicos".

A la reunión de ayer asistieron el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, el presidente nacional de CSIF Sanidad, Luis Apolinar, el presidente de CSIF Balea-rs, Andreu Bou, la presidenta de CSIF Sanidad Menorca, María Luisa García y los senadores electos por Mallorca Miquel Ramis y Catalina Soler y la diputada Nuria Riera.

Con los mismos interlocutores sindicales se reunieron ayer la diputada de Ciudadanos (Cs) Balears, Olga Ballester, y la secretaria de Programas, Pilar García, para abordar los problemas de la sanidad pública del archipiélago.

Durante el encuentro se trató especialmente la problemática generada por la modificación en 2016 de la Ley de la Función Pública de la comunidad autónoma por la Ley de medidas de capacitación lingüística del uso del catalán en el ámbito de la función pública, y la aprobación del decreto por el que se regula la capacitación lingüística del personal estatutario del Servei de Salut de Balears. En este sentido, desde el CSIF trasladaron su disconformidad ante una normativa discriminatoria y alejada del mérito y capacidad que tiene que imperar en el acceso a la función pública.

Asimismo, desde el sindicato lamentaron el caos y la arbitrariedad que ha generado la aplicación de dichas normas que, subrayaron, han imposibilitado el acceso a muchos profesionales y suponen una vulneración de los derechos del trabajador al impedir el acceso al complemento de la carrera profesional o la movilidad dentro del sistema de salud.

Como se recordará, el actual decreto que regula el uso del catalán en el IB-Salut establece que todo el mundo podrá opositar sin conocer la lengua de las islas y que, una vez obtenida la plaza, dispondrán de dos años para acreditar el conocimiento idiomático. Y si no lo hace, será penalizado con las dos medidas mencionadas en el anterior párrafo.

Cs Balears trasmitió a los delegados sindicales su oposición a una decisión del Govern "que solo atiende a cuestiones ideológicas" y recordó que han registrado en el Congreso una propuesta de Ley de modificación de la ley del estatuto básico del empleado público con el objetivo de que las lenguas propias de las CC AA sean consideradas un mérito y no un requisito para acceder a la función pública.

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