El expediente judicial que ha impuesto el Ministerio de Justicia, con el que pretende eliminar el papel en los juzgados, no está funcionando, al menos con las herramientas actuales con las que están trabajando los funcionarios, pero en especial con los programas que deben utilizar los fiscales. Esta revolución digital está provocando discusiones entre funcionarios con un denominador común: el sistema no funciona y al final quien tendrá que pagar esta situación será el ciudadano.
Esta política de eliminar el papel en la tramitación judicial es un proyecto que hace unos tres años que se ha puesto en marcha, pero hasta ahora no había llegado a Mallorca. Tras varios programas piloto desarrollados en dos juzgados de Palma, en los que se ha evidenciado los fallos que tienen las herramientas informáticas, ahora, teóricamente, tanto jueces como fiscales, además de los funcionarios, ya no deben utilizar papel y todo debe tramitarse a través de los ordenadores. Como teoría es válida, porque ya no se volverán a ver los miles de folios que se amontonan en las estanterías de los juzgados, pero en la práctica en estos momentos es casi imposible que desaparezca el papel.
La crítica más dura al sistema la encabezan los fiscales de Palma que se han dado cuenta de que, por ejemplo, en un trámite sencillo al que dedicaban tres segundos, ahora tardan más de diez minutos en resolverlo y ello debido a que se ven obligados a utilizar hasta tres programas informáticos distintos para poder trabajar. Al eliminarse el expediente de papel, a los fiscales les llegan todas las notificaciones de los distintos juzgados a través del ordenador. Antes sabían el volumen de trabajo al que tenían que enfrentarse, pero ahora resulta casi imposible saberlo por la mala configuración de la herramienta informática.
Los fiscales temen que si no se solucionan con rapidez estas dificultades informáticas, se va a producir un alud de absoluciones por la incapacidad de poder ejercer una acusación con las mínimas garantías y, lo que es peor, una nulidad de actuaciones, que lo único que hará es beneficiar al delincuente frente a la víctima.
En las experiencias piloto se ha constatado, y además varias veces, que el expediente judicial que aparece en el juzgado (que es el válido), no es el mismo que llega a los ordenadores de los fiscales. Es decir, no se puede comprobar si faltan documentos porque han desaparecido en el trasvase de datos. Ello supone que un fiscal, al ir a juicio, no puede saber si dispone de toda la información, o la misma documentación que la parte contraria, es decir, el abogado defensor.
Hasta ahora estos graves errores en el expediente judicial se han detectado en asuntos relativamente sencillos, que se han resuelto pidiendo la suspensión del juicio. Pero los fiscales no son capaces de calcular qué pasará cuando estas disfunciones se produzcan en los asuntos más graves, como por ejemplo, un macrojuicio por tráfico de drogas o una estafa. "Será una locura", coinciden varios de los funcionarios.
Tanto jueces como fiscales están acostumbrados a trabajar con expedientes de papel. Los sumarios están enumerados por folios. Con el sumario de papel se tenía la constancia física de todos los documentos que se habían acumulado en la fase de instrucción. Es decir, se resumía todo el caso. Ahora este sistema ha desaparecido. El expediente judicial se divide en acontecimientos. En el ordenador aparece un índice de acontecimientos, pero desaparece la numeración. En uno de estos archivos puede aparecer desde el atestado inicial, a las declaraciones de víctima y acusado, y hasta los distintos informes, pero no aparecen numerados. Es habitual que en los juicios, tanto la acusación como la defensa, pidan que se muestre un determinado documento y al estar señalados la localización es inmediata. Ahora ya no será así. Se tendrá que acudir al acontecimiento y desde allí buscar el folio que interesa mostrar al juez. Si este archivo tiene muchos documentos, se tendrá que ir buscando uno por uno en la pantalla de los ordenadores, hasta que se localice. Jueces y fiscales temen que, con este sistema, los juicios se eternicen y ello, al final, repercutirá aumentando más retraso, además del ya acumulado, a la administración de Justicia.
Sin tablets
Si en la fase de tramitación ya desaparece el papel, en los juicios tampoco habrá documentos sobre la mesa. Los fiscales deberán ir a juicio con una tablet, la herramienta informática en la que previamente se tendrán que descargar todos los expedientes judiciales de los juicios en los que tienen que ejercer la acusación. Y, lógicamente, para que el sistema funcione, el juzgado deberá tener un sistema wiffi en el que se pueda conectar todos los aparatos electrónicos. Como teoría es hasta aceptable, dado que no existe posibilidad alguna de detener la revolución informática, pero la realidad está muy lejana a los proyectos del Ministerio. Ni los juzgados de Palma tienen ahora mismo sistema de conexión informática y, lo que es peor, ningún fiscal ha recibido la prometida tablet y ni parece que la vayan a recibir. Desde el Ministerio les han ordenado que utilicen un ordenador portátil que recibieron hace siete años, que no dispone de las herramientas para que los programas informáticos sean compatibles y que, además, tiene graves dificultades para conectarse a la red informática.
Hace mucho tiempo que el Ministerio conoce las quejas de los funcionarios judiciales, que vienen anunciando que las herramientas informáticas que les han dado para trabajar no son prácticas. A diario se comunican quejas de los fallos del sistema y de las deficiencias de los programas. Hasta el extremo de que los letrados de la administración de Justicia, uno de los colectivos más afectados por este cambio de sistema de trabajo, han pedido al Ministerio que paralice el expediente judicial y se replantee el proyecto, hasta conseguir una mejora de las herramientas de tramitación. La respuesta desde Madrid es que no hay marcha atrás al proyecto.
Los fiscales con los que ha hablado este periódico coinciden en señalar que da la impresión que el Ministerio de Justicia "no nos deja trabajar y muchas veces se olvidan de que somos un servicio público, que debemos servir al ciudadano, pero cada vez nos lo ponen más difícil".
Reconocen que, desde que se ha implantado este sistema de papel cero en la tramitación judicial, algunas veces se presentan a juicio sin saber ni siquiera de qué delito leve se trata, puesto que no han tenido acceso al expediente digital. "En delitos leves, con nuestra experiencia, podemos solventar este problema escuchando al denunciante y al denunciado, pero en juicios de causas más importantes esta solución es imposible. Un fiscal no puede ir a un juicio sin estar instruido, y eso con las herramientas informáticas con las que nos obligan a trabajar ahora es muy difícil ir preparado a una vista, porque no sabes si en el expediente que has leído le falta algún documento clave", señala un afectado.
Estas voces críticas se han trasladado a los responsables del Ministerio,pero no se ha hecho nada para resolver el problema. Algunos fiscales han notado síntomas de ansiedad por el estrés laboral que les representa la implantación del expediente digital, sin olvidar los problemas de visión que están sufriendo por la mala configuración de las pantallas. La letra de los documentos que aparece en el ordenador es tan pequeña que casi es imposible su lectura. Cuando se intenta aumentar el volumen de la letra, el sistema no te permite mover el documento, que aparece cortado, y por tanto no se puede leer, en el ordenador.
De momento los jueces de Palma están a la espera de los acontecimientos. Están acostumbrados a los fallos informáticos, pero no entienden cómo el Ministerio permite que ellos utilicen un sistema informático de trabajo que es incompatible.
También se espera la reacción de los abogados porque ahora, al desaparecer el papel, cuando acuden al juzgado de guardia para asistir a un detenido, ni siquiera pueden saber de qué delito se trata, porque no ha previsto un sistema para facilitarles al momento el expediente digital, en el que sí aparece toda la documentación. Aunque teóricamente está prohibido utilizar papel en los juzgados, tanto jueces como fiscales siguen imprimiendo los documentos para poder sacar adelante el trabajo. Y eso será así hasta que desde Madrid no se den cuenta que el sistema digital no funciona.
