El Institut Mallorquí de Serveis Socials (IMAS), organismo dependiente del Consell de Mallorca para gestionar los servicios sociales, ha pagado facturas sin contrato y sin partida presupuestaria por valor de 32 millones de euros durante esta legislatura. Todos estos pagos han tenido que ser avalados por el pleno de la institución, ya que los técnicos de Intervención económica emiten contundentes informes desfavorables. Es lo que se conoce como un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito (REC), calificado desde la Intervención como pagos "irregulares". Por ello, se abonan bajo la responsabilidad del equipo de gobierno y de los consellers del Pacto. El Pi destapó el jueves todas estas facturas que fueron admitidas por el presidente del Consell, Miquel Ensenyat.
La mayoría de facturas corresponden a contratos que han concluido y, como no se ha realizado una nueva adjudicación, se prorroga el servicio sin contrato alguno. El problema surge a la hora de pagar ya que, al no existir partida presupuestaria, los funcionarios de Intervención emiten un informe contrario. Y esta práctica se está convirtiendo en un procedimiento habitual, aunque solo se puede utilizar en casos de extrema urgencia.
Desde la oposición han acusado al Consell de realizar "una deficiente gestión económica" en el IMAS. Consideran que muchos de estos contratos podrían haberse previsto con antelación. Es el caso de la compra de material para las residencias o incluso el pago de las facturas de electricidad a Endesa.
Este periódico ya adelantó que Cruz Roja realiza un servicio esencial, como es el de la recogida de las personas sin techo que duermen en la callerecogida de las personas sin techo que duermen en la calle y que superan los 100 servicios al día. Cruz Roja llevaba meses sin cobrar debido a que el contrato había concluido y desde el IMAS le dijeron que siguiera recogiendo los sin techo y ya cobraría mientras se estaba ultimando la contratación. Este servicio se pagará mediante un REC que tendrá el informe desfavorable de los funcionarios del Consell.
El IMAS está presidido por la cuestionada consellera de Bienestar Social, Margalida Puigserver (Més), que ha tenido que superar dos intentos de reprobación de la oposición recriminando su mala gestión. Sin embargo, es un organismo gestionado de forma conjunta entre Més y el PSIB-PSOE, cuyo vicepresidente es el socialista Javier de Juan.
Denuncian "mala gestión"
La consellera de El Pi, Xisca Mora, destapó estas cifras durante el último pleno del Consell, acusando al IMAS de "una muy deficiente gestión económica, ya que permiten que concluyan los contratos y no saben tener una previsión de formalizarlos antes de que acaben su vigencia". El presidente del Consell, Miquel Ensenyat, aseguró que el IMAS es un organismo creado en la época del PP y UM para "poderse repartir el poder en el Consell". Ensenyat recordó que están acometiendo una gestión de los servicios sociales "ejemplar" y aseguró que un organismo de estas características es muy complicada su gestión al trabajar con los colectivos más vulnerables. Mora le replicó apuntando que no se cuestionaba "la gestión técnica, cuestionamos la gestión económica".
En el año 2016 se disparó la utilización del pago de facturas sin contrato, ya que en un solo año se abonaron 29,1 millones de euros. Ello supuso más del 21% del presupuesto de este organismo que se pagó mediante está fórmula considerada "irregular" por la Intervención económica del propio Consell de Mallorca. Ese año el presupuesto del IMAS ascendió a 137,8 millones, de los cuales 29,1 se pagaron mediante el Reconocimiento Extrajudicial de Crédito. El pasado año utilizaron esta fórmula para abonar facturas por importe de 2,3 millones y en lo que llevamos de año el IMAS ha utilizado este procedimiento para pagar más de 400.000 euros.
En el pleno del pasado jueves, el IMAS presentó facturas sin contrato por valor de 105.916 euros. Entre ellas destacan facturas de Endesa de las principales residencias de tercera edad, facturas de productos de higiene personal femenina para los geriátricos o incluso productos farmacéuticos para tratamiento de drogodependientes. Se trata de productos utilizados de forma habitual en los centros geriátricos, de menores y en las dependencias sociales que, según la oposición, se pueda realizar una previsión de consumo.
Desde el Consell recuerdan que estos 32 millones solo representan un 4,7% del presupuesto gestionado por el IMAS desde el año 2015. Asimismo, señalan que le PP "recurrió a esta fórmula de forma constante". También indican que "todas las administraciones utilizan está fórmula para pagar facturas y garantizar servicios".
