Los jueces y fiscales siguen en pie de guerra con el ministerio de Justicia por sus reivindicaciones de mejores medios materiales y de subidas salariales, tras una reunión de negociación mantenida el pasado martes entre representantes de las asociaciones profesionales y el titular de la cartera, Rafael Catalán, según ha informado la Unión Progresista de Fiscales (UPF). El pasado 5 abril varias decenas de jueces y fiscales de Mallorca se concentraron frente al Tribunal Superior de Justicia de Baleares en protesta por la penuria de medios y por la congelación salarial que sufren desde hace años.
A iniciativa del ministro de Justicia se celebró el pasado martes en la sede del Ministerio, con presencia de la Secretaria de Estado, una reunión con las Asociaciones de Jueces y Fiscales para tratar de las reivindicaciones de ambas carreras en materia de ejercicio de condiciones profesionales y retribuciones.
El Ministro de Justicia trasmitió, según la UPF, estar trabajando para dar cumplimiento a las 14 propuestas para la mejora de la justicia presentadas en junio de 2017 por las asociaciones pasando a enunciar el grado de cumplimiento de las mismas.
Manifestó la imposibilidad de cambiar el sistema de elección de vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial, ante la falta de acuerdo de los grupos políticos en el Congreso y haber abordado en las enmiendas presentadas a la proposición de reforma de la Ley Orgánica en materia de licencias y permisos; lo relativo a la modificación del régimen de nombramiento de altos cargos judiciales; supresión de los magistrados designados por Parlamentos autonómicos y la racionalización de la planta judicial, mediante la colegiación de órganos unipersonales.
Resaltó que el incremento de presupuesto para Justicia en el año 2018 (3,2%) posibilitará la convocatoria de 300 plazas de jueces y fiscales, la ejecución de obras en edificios judiciales, el cumplimiento a las previsiones contenidas en el Estatuto de la Víctima y la mejora del Expediente Digital, con asignación de personal técnico informático en sedes judiciales.
Refirió la predisposición del ministerio de Hacienda a algunas de las pretensiones realizadas por las carreras judicial y fiscal así como la posibilidad de que, en un corto plazo, pudiera reformarse la normativa de licencias y permisos.
Las asociaciones de jueces y fiscales mantuvieron las posiciones reivindicativas y las actuaciones anunciadas para su consecución e incidieron en el actual malestar de los integrantes de las carreras judicial y fiscal por la presentación de las enmiendas que van a demorar la recuperación de licencias y permisos, la falta de convocatoria formal de la mesa de retribuciones y de avances mínimos en la negociación abierta, la ausencia de determinación de las cargas de trabajo, el régimen de sustituciones, la actuación desplegada por el Ministerio en materia de refuerzos de órganos judiciales, la incorrecta concepción y funcionamiento del expediente digital y de las oficinas judiciales debido a la bicefalia de su dirección, o la supresión del artículo 324 LECrim, considerando unánimemente insuficientes las actuaciones hasta ahora realizadas.
Como principal primicia, apostilla la UPF, la secretaría de Estado expresó la receptividad del ministerio de Hacienda a las peticiones retributivas: aplicación del acuerdo de Función Pública de 9 de marzo a las carreras judicial y fiscal, incremento de la masa salarial destinada a las retribuciones variables hasta el 5% -ligado a mejoras organizativas-, revisión retribuciones de guardia, grupos de población y poblaciones especiales y dificultad en la recuperación de la pérdida salarial ante la posibilidad de que esa petición se traslade o deslice a la Administración General del Estado.
