Las seis Comunidades Autónomas que tienen lengua propia con estatus de oficialidad, entre las que se encuentra Balears, compartieron ayer en una reunión en Pamplona su visión de que es necesario el conocimiento del idioma para el acceso a la función pública con el fin de "garantizar los derechos de la ciudadanía a utilizar la lengua que elijan para sus relaciones con las administraciones públicas", según se puso de relieve.