El pleno del Parlament ha aprobado exigir al Gobierno central a dotar presupuestariamente el Pacto contra la Violencia de Género y trasladar a las comunidades autónomas los fondos correspondientes para reforzar la prevención de la violencia y atender mejor a las víctimas y sus hijos. Este punto formaba parte de la Proposición No de Ley de los partidos del Pacto de impulso a la agenda feminista, que ha contado con el respaldo unánime del pleno salvo en el caso de la exigencia presupuestaria al Gobierno central, en la que el PP se ha abstenido después de que PSIB, Podemos y Més rechazaran la enmienda por la que los populares vinculaban estos fondos a la aprobación de los presupuestos generales presentados por el Gobierno central.

En concreto, la enmienda del PP instaba a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a "negociar unos presupuestos generales del Estado que posibiliten una dotación económica suficiente para poder ejecutar las previsiones del Pacto contra la Violencia de Genero" y trasladar a las comunidades autónomas los fondos correspondientes. Los representantes de los partidos del Pacto han coincidido en acusar al PP de intentar "hacer chantaje" con esta cuestión para lograr apoyos a su propuesta de presupuestos estatales. Olga Ballester, de Ciudadanos, no ha lanzado la misma acusación pero sí ha considerado que "hay que cumplir lo pactado" y por lo tanto deben incluirse en los presupuestos estatales los fondos a los que se comprometió el Gobierno. Desde las filas populares, Sandra Fernández ha rechazado que su enmienda fuera un chantaje y la ha justificado en que "cuando los presupuestos generales del Estado entran en el Congreso de los Diputados ya no es responsabilidad del Gobierno hacer las modificaciones sino de los grupos" a través de enmiendas.

El resto de los puntos ha salido adelante con el apoyo de todos los partidos. Así, el pleno ha aprobado reclamar al Gobierno central que apruebe las leyes de igualdad retributiva y laboral con el fin de reducir la brecha salarial y otras discriminaciones laborales por razón de género.

Asimismo, se insta al Govern a continuar con el desarrollo de actuaciones de inspección de trabajo para evitar discriminaciones y prevenir riesgos desde la perspectiva de género, volver a impulsar la convocatoria de ayudas para planes de igualdad entre las empresas que no están obligadas a tenerlos por ley, crear un registro de planes de igualdad para fomentar las buenas prácticas entre las empresas de Balears y hacer efectivo lo antes posible el traspaso de competencias en materia de políticas de género a los consells insulars.