Los funcionarios de la Administración de Justicia de Balears, que dependen del Ministerio del mismo ramo, son los que menos cobran de toda España por su trabajo si se comparan con sus homólogos de doce comunidades autónomas con competencias en personal. Los trabajadores de los juzgados y tribunales de las islas perciben entre 380 y 570 euros menos al mes que sus compañeros de Euskadi o entre 319 y 333 euros que los de Navarra.
Primero fueron los policías y los guardias civiles los que lucharon por igualar sus sueldos a los de las policías autonómicas. Después, se unieron a la reivindicación los funcionarios de prisiones y ahora se lanzan a la calle los trabajadores de Justicia.
Según el sindicato CSIF, la clave está en el llamado complemento salarial de destino que es más elevado en todas las comunidades autónomas con competencias en medios humanos y personal de Justicia que en el llamado "territorio Justicia" (Balears, Murcia, Castilla León, Castilla La Mancha, Ceuta, Melilla y los órganos centrales de Madrid".
Los jueces y fiscales cobran igual en toda España según su categoría, destino y antigüedad. Ambos colectivos han iniciado una serie de acciones para reclamar más y mejores medios materiales para la Administración de Justicia y un aumento de sus retribuciones, que fueron rebajadas y congeladas durante la crisis.
Violencia sobre la Mujer
Los sindicatos han iniciado una fase de movilizaciones para obligar a Justicia a negociar las retribuciones, algo que ya hace desde hace meses con las asociaciones de jueces y fiscales.
La primera reivindicación de los funcionarios es "el incremento del complemento específico de todos los cuerpos generales y especiales para que se elimine la brecha salarial en los distintos territorios y se retribuya adecuadamente el trabajo que se realiza".
Otra petición es que se establezcan "complementos especiales en los juzgados de Violencia sobre la Mujer y otros órganos de especial dificultad, penosidad e insularidad".
Los sindicatos se quejan por los serios y continuos problemas que está provocando la digitalización de los juzgados y tribunales y de la fiscalía.
Los representantes de los trabajadores públicos también solicitan "una evaluación de los resultados de la implantación de la oficina judicial", es decir el despliegue y funcionamiento del personal.
También reclaman "la paralización de la implantación de las nuevas tecnologías en otras sedes judiciales hasta que no se solucionen los gravísimos problemas que está generando". La plataforma reivindicativa insta a Justicia a que organice planes de formación en nuevas tecnologías y en materia de violencia sobre la mujer.
Concentración de protesta
Para mañana miércoles, a las doce del mediodía, se ha convocado una concentración de protesta en los juzgados de Vía Alemania de Palma. Hace unos días tuvo lugar un acto similar en la sede judicial de Sa Gerreria. Otra reclamación es la dotación de la plantilla suficiente a los juzgados y tribunales más colapsados.
