La Asociación de Empresas de Distribución de Alimentos, integrada en Afedeco, ha anunciado que se persona como acusación particular contra la empresa investigada por vender carne en mal estado en Mallorca.

El presidente de la patronal, Bartolomé Servera, ha explicado que las empresas distribuidoras de alimentos están "directamente perjudicadas" por este caso, porque genera "un daño enorme" a la imagen del colectivo.

"Es necesario mantener la credibilidad que hemos tenido siempre y no es posible que, por unas actuaciones del todo inaceptables, nuestro colectivo se vea afectado", ha subrayado Servera.

Según el presidente, la asociación es la "primera interesada en que caiga todo el peso de la ley" sobre la empresa afectada si se ha incumplido la normativa. Dicha empresa no se encontraba asociada a ADED, que no ha recibido ninguna denuncia de momento.

Operación Biltong

La Policía Nacional detuvo a tres personas e intervino 50 toneladas de carne de esta empresa en una operación conjunta con la Dirección General de Salud Pública. La empresa distribuía alimentos en mal estado a todo tipo de servicios de restauración, incluidos hoteles y centros escolares.

Para ello, la empresa manipulaba las fechas de caducidad, vendía productos congelados como frescos y adulteraba las cantidades con sangre y vísceras de cerdo para facturar mayor peso, entre otras prácticas. Además, los agentes recibieron denuncias de los empleados por explotación laboral.

Por ello, a los tres arrestados se les imputan delitos de estafa, falsedad documental, delito contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores y contra la seguridad social. Se ha decretado el cese de actividad de la compañía.

Reunión con la consellera por "unas lamentables declaraciones"

Por otro lado, Servera ha avanzado que este miércoles se reunirá con la consellera de Salud, Patricia Gómez, y la directora general de Salud Pública, María José Ramos Montserrat, por unas "lamentables declaraciones" de responsables de Salud Pública a raíz de otro caso, el de una empresa de Inca clausurada por presuntamente manipular y revender alimentos próximos a caducar.

La patronal considera inaceptable que desde la Conselleria de Salud se afirmase que este tipo de prácticas son habituales y ha rechazado que se hagan "acusaciones generalizadas".

De ninguna forma podemos aceptar que máximos responsables de Salud Pública viertan estas declaraciones insensatas que lo único que crean es alarma", ha declarado Servera.