Transcurridas varias semanas desde que se decidiera apartar al juez Manuel Penalva del caso Cursach, y tras sufrir una dura campaña de desprestigio, el magistrado ha iniciado el contraataque. El juez ha enviado un duro escrito al Colegio de Abogados de Balears, dirigido a su decano, cuestionando que la institución colegial hubiera dado amparo a dos de los letrados que intervienen en este caso de corrupción. Entre otras cosas, Penalva se queja de que se tome esta decisión sin que en ningún momento se le hubiera pedido explicación alguna sobre el motivo de las decisiones que tomó.

El Colegio de Abogados se posicionó a favor de dos de sus letrados, que se quejaban del juez en la actuación sobre un individuo que estaba en prisión acusado de agredir a uno de los testigos protegidos del caso. Penalva explica que uno de estos abogados también presentó contra él una queja ante el CGPJ, que ni siquiera abrió un procedimiento disciplinario y, sin embargo, por los mismos hechos, el Colegio se posicionó a favor del letrado. Toda esta polémica, recuerda el juez, está relacionada con la presencia de tres testigos, presentados por el abogado, que declararon a favor del detenido y que el juez entendió que estaban mintiendo. Una interpretación que después se corroboró en el juicio contra este acusado, que fue condenado, y que la sentencia desmontaba la coartada de estos tres testigos, compatriotas del agresor.

El juez recuerda a los responsables del Colegio de Abogados que estos colegiados han iniciado una campaña de acoso contra el testigo protegido, al que "humillan y difaman reiteradamente en redes sociales", además de "proporcionar sus datos personales"y llamándole por teléfono para "amenazarle e insultarle". Penalva se pregunta si este modo de proceder contra un testigo se ampara en el derecho de defensa. "¿Son estas acciones una muestra de lealtad procesal, probidad y veracidad, tal como sostiene el Colegio de Abogados?, ¿ofrece esta actuación una buena imagen sobre el colectivo de abogados, mayoritariamente leal y correcto en sus actuaciones?", se plantea el juez en su contundente escrito. El magistrado, "sin intención alguna de interferir en sus competencias y decisiones", afirma que la actuación de estos letrados, "no solo no debería ser merecedora de amparo, sino que tendría que haber dado lugar al menos a la apertura de un expediente disciplinario". También cuestiona el juez que, en cierta forma, el Colegio acepte que se pueda realizar una grabación clandestina en su despacho y que después esta prueba de voz se pueda utilizar para presentar una querella contra él, acusándole de un grave delito. Y asegura el juez que esta prueba de sonido se "obtuvo con deslealtad procesal" y rechaza que el abogado adoptara esta iniciativa porque se le denegó una grabación oficial de los testigos que presentaba.

Recuerda también que el TSJIB, al rechazar las querellas contra él y el fiscal, ha insinuado que las grabaciones que se presentaron podrían estar manipuladas y con ello se alteraba el contenido de la declaración. "Que el Colegio de Abogados dé carta de naturaleza a semejantes e ilegales prácticas (la grabación clandestina) me parece muy preocupante", señala el juez, "y no solo por lo que representa en este caso en particular, sino porque su amparo, o en el mejor de los casos, su silencio al respecto, ha provocado un clima de absoluta desconfianza que se extiende a todos los operadores jurídicos, y del que todos, incluidos el resto de letrados que sí actúan con lealtad, probidad y dignidad, se verán irremediablemente afectados", asegura el magistrado. Penalva también ataca a la otra abogada, defensora de un acusado, que logró el amparo del Colegio de Abogados.