El juez que dijo basta ya

El magistrado fundamentó su urgente solicitud de ayuda en el Código Ético de la judicatura que, en su artículo 4, obliga a los jueces a "reclamar de los poderes públicos unas condiciones objetivas de trabajo adecuadas para el ejercicio independiente y eficaz de sus funciones y el consiguiente suministro de medios personales y materiales".

Izquierdo, la letrada de la administración de Justicia y los funcionarios supervivientes de su juzgado llevaban desde el pasado enero sufriendo un dilatado exceso de trabajo, con prolongaciones durante horas de las guardias matutinas para sacar a delante los asuntos más perentorios. También han padecido un terrible estrés al comprobar que los asuntos estaban paralizados y que existía una alta probabilidad de dejar desatendidas a las víctimas de la peligrosa violencia machista o causar indefensión a los imputados, especialmente a los presos.

La situación en el juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 era menos crítica, pero también había sufrido las carencias de tres funcionarios durante meses y la plantilla había tenido que esforzarse más todavía para evitar los atrasos.

Izquierdo informó en repetidas ocasiones del negro panorama al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la Gerencia del ministerio de Justicia, al Observatorio de la Violencia de Género del CGPJ y al Govern, pero no consiguió una solución.

Los dos únicos juzgados de Violencia sobre la Mujer del partido judicial de Palma registraron el año pasado 4.500 asuntos penales y 532 civiles, cuando el módulo normal (la carga de trabajo media) es de 1.200 casos por magistrado.

Palma es una de las ciudades españolas con mayor índice de denuncias de violencia psíquica y física contra las mujeres. Balears también encabeza esa vergonzante estadística. La situación era como un fuego en un polvorín: juzgados sobrecargados de trabajo, carencias de plantilla para sacarlo adelante y una materia delicada como la protección de las mujeres y de sus hijos pequeños víctimas de malos tratos por varones que habían sido o son pareja de las primeras.

El miércoles el TSJB reaccionó de manera fulminante y contundente frente al SOS de Izquierdo. "Ante la grave situación , vista la falta de funcionarios (siquiera interinos o de refuerzo) y la perspectiva de asumir (la semana que viene y siguientes) una guardia contando con solo dos funcionarios, la sala de Gobierno entiende que la única solución viable y proporcionada a fin de evitar un riesgo extraordinario de posibles disfunciones graves, pasa por suspender temporalmente de reparto (de asuntos nuevos) a dicho órgano (Violencia sobre la Mujer 1) y en espera de que cuente en plazo razonable con una plantilla suficientemente adecuada para afrontar su guardia", dispuso la sala de Gobierno.

En la nota oficial del Alto Tribunal destacaban tres aspectos que el jueves explicó la decana de los juzgados unipersonales de Palma, Sonia Vidal, miembro de la sala de Gobierno: situación extraordinaria, falta de funcionarios interinos y riesgo para las víctimas de malos tratos y de indefensión para sus supuestos agresores, especialmente los que están presos.

Bolsín cerrado ocho años

Vidal denunció que no hay interinos en las islas para cubrir las numerosas plazas vacantes de funcionarios de carrera en multitud de juzgados y tribunales porque el bolsín gestionado por el ministerio de Justicia lleva ocho años cerrado, sin que se pueda apuntar nadie más y sin personal disponible. Balears también es un destino muy caro y son escasos los funcionarios peninsulares de carrera que piden plaza en las islas.

La decana definió la medida de exención de las guardias a un juzgado en perjuicio del segundo, que teóricamente iba a estar de guardia todo un mes seguido, de extraordinaria, pero ajustada al riesgo de que alguna mujer pudiera resultar lesionada o asesinada por la paralización del juzgado. El TSJB también quiso velar por la tutela judicial efectiva de los investigados, especialmente los presos, dado que el colapso en el juzgado podía perjudicarles.

Por otro lado, Violencia sobre la Mujer, explican unas veteranas y vocacionales funcionarias, no es un destino apetecible por las dramáticas situaciones que se atienden y porque las guardias, en semanas alternas, no se abonan. "Antes nos pagaban un complemento, pero dejaron de hacerlo; nosotros hacemos las guardias como los juzgados de instrucción de guardia y no nos compensan", se lamenta otro funcionario.

Respuesta integral

Los interinos son vistos por el personal afectado por los retrasos como un simple parche o un remedio a medio plazo. "Muchos vienen sin haber trabajado nunca en la Administración de Justicia y hay que enseñarles la tramitación procesal y los sistemas informáticos. Además, el Ministerio a veces tarda días en darles las acreditaciones de acceso al sistema por lo que no pueden empezar a trabajar", se lamentan desde Violencia sobre la Mujer.

Estos juzgados se crearon el 29 de junio del 2005 en toda España como una respuesta integral a las imparables agresiones contra las mujeres por sus compañeros o exparejas. Se pretendía agilizar las causas, especializar a jueces, fiscales y funcionarios en la materia, facilitar a las víctimas medidas judiciales de protección y seguridad y evitar en lo posible nuevos crímenes machistas.

Por su carácter de tratamiento integral, estos juzgados se ocupan de los aspectos penales de las denuncias, como medidas de protección y seguridad (privativas de libertad, salida del domicilio, alejamiento, prohibición de comunicación o suspensión de la tenencia de armas), y de las consecuencias civiles de la violencia contra la mujer (divorcios, guarda y custodia de los hijos, alimentos, régimen de visitas, separaciones, etc).

El trabajo en los dos juzgados de Palma se reparte así en una semana de guardia, otra de juicios sobre medidas civiles, otra de guardia, otra de juicios. Y así mes tras mes.

La decisión del TSJB de eximir al número uno de las guardias hacía peligrar la marcha del número dos, que corría el riesgo de colapsarse a corto plazo al no poder dedicarse más que a las guardias. Su titular, Joaquín Andrés indicó a la sala de Gobierno que el auxilio al otro juzgado "amenaza con repercutir negativamente" sobre la marcha ordinaria de su juzgado.

Esta semana ha estado de guardia de Violencia sobre la Mujer el número 2, pero la siguiente no tendrá que hacer esas funciones, dado que los jueces de instrucción acordaron el jueves hacerse cargo de los detenidos por esos delitos que sean puestos a disposición por las mañanas. El juzgado de guardia ya se ocupa de esos casos por las tardes y los fines de semana.

Creación de un tercer juzgado

La solución, además de subsanar las actuales carencias de funcionarios, pasa, en opinión de los jueces Carlos Izquierdo y Joaquín Andrés, del presidente del TSJB, Antoni Terrasa y de la decana Sonia Vidal por crear un tercer juzgado de Violencia sobre la Mujer.

El ministerio de Justicia echó un jarro de agua fría a esa medida el viernes, cuando reaccionó con una nota oficial a un problema que ya ocupaba las portadas de los medios de comunicación desde el martes.

Justicia prometió dotar de seis funcionarios interinos a Violencia sobre la Mujer uno antes de que acabe abril. También anunció que incentivará económicamente a la nueva plantilla para que "saque papel" (tramite las causas) fuera del horario laboral e implementará medidas de refuerzo en el saturado juzgado.

Pero el Ministerio, que siempre anda escaso de fondos, rechazó crear un tercer juzgado en Palma, porque los dos actuales sufren "una sobrecarga de trabajo no excesiva". Justicia resaltó que más de la mitad de los funcionarios de Balears son temporales, pero no dio explicaciones a por qué el bolsín de interinos está cerrado desde hace 8 años. Lo que para los funcionarios es una penuria de medios.

Cabe recordar que Carlos Izquierdo recibió en 2014 el Premio a la Ética Jurídica del Colegio de Abogados de Balears.