Jueces y fiscales de Balears, que pertenecen a las asociaciones mayoritarias de ambos sectores, han decidido hacer un frente común con un único propósito: conseguir que la administración de Justicia funcione. Con este principal objetivo, medio centenar de ambos colectivos se concentraron ayer frente a las puertas de la Audiencia para dar una imagen de unidad frente a la reivindicación laboral que mantienen con el Ministerio de Justicia, al que exigen más medios y mejores condiciones laborales para poder dar el servicio que merecen los ciudadanos. Antes de esta concentración, los portavoces de las cinco asociaciones (tres de jueces y dos de fiscales) explicaron el contenido de las mejoras que han propuesto al Gobierno, anunciando que primero harán paradas cada semana como muestra de protesta y, si con ello no se consigue nada, se plantean iniciar una huelga.
Los representantes judiciales y de la fiscalía de Balears apoyan las catorce medidas que proponen al Ministerio, a las que se han adherido 3.500 profesionales de ambos sectores. Este abanico de reivindicaciones no solo recoge propuestas económicas, sino sobre todo lo que se pretende conseguir es que mejore la profesión de juez y de fiscal. Un objetivo que pasa por conseguir reforzar la independencia de los jueces y dotar a los profesionales con medios humanos y técnicos que permitan desarrollar con normalidad el trabajo diario que realizan.
Los portavoces de las asociaciones explicaron que en estos momentos la situación laboral que sufren es "dramática" y la demostración es la unidad de acción que han conseguido ambos colectivos (que no había ocurrido antes), porque se consideran desatendidos por el Gobierno.
La solución para resolver la actual situación pasa, según coinciden todos los profesionales, en dotar de más medios a la administración de Justicia, porque entienden que con el personal actual no es posible dar una respuesta adecuada a la problemática diaria que llega a los juzgados.
Una de las principales preocupaciones que tienen jueces y fiscales de Balears, que no es la única, es el expediente digital que se va a implantar en breve y que representa la desaparición de los expedientes de papel. Todos coinciden en que, ahora mismo, es imposible asumir este proyecto, por las deficiencias del sistema informáticodeficiencias del sistema informático que se ha creado para tramitar estos expedientes. "Ahora mismo los juzgados no están preparados para asumir este reto", coincidieron los jueces.
Dentro de las reivindicaciones económicas para mejorar la Justicia, los colectivos de magistrados consideran necesario aprobar un plan de inversión "suficiente y prolongado". Dada la carencia de jueces por número de habitantes en España, también entienden que es necesario que cada año se convoquen 300 nuevas plazas. Y al mismo tiempo exigen que se termine de una vez por todas con la precarización judicial, mejorando la formación y eliminando la figura de fiscales y jueces en expectativa de destino.
También reclaman unas mejoras económicas para ambos colectivos y creen necesario que, como mínimo, puedan recuperar el salario que perdieron en 2010 al recortarse los sueldos de los funcionarios.
Mientras tanto, los fiscales exigen, entre otras cosas, la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción hasta que no se doten de mejores medios y la paralización de la implantación de la justicia digital, hasta que no se garantice el funcionamiento de los programas y equipos.
