Francia juzgará por el encubrimiento de abusos sexuales en la Iglesia al cardenal y arzobispo de Lyon, Philippe Barbarin, en 2019. La justicia francesa aplaza el proceso, que debía iniciarse ayer, para no dejar fuera de la causa al mallorquín de mayor rango en la jerarquía católica y actual mano derecha del Papa Francisco como prefecto para la Doctrina de la Fe, Luis Francisco Ladaria. La falta de traducción al castellano del sumario obligó ayer a tomar una decisión: seguir adelante sin juzgar al jesuita nacido en Manacor o esperar al próximo año para no dejarle fuera. Las víctimas de los abusos, que llevan la acusación, no dudaron: "No tenemos prisa".

El mallorquín Luis Francisco Ladaria, a quien todas las quinielas en la Iglesia colocan como próximo cardenal después de haber ascendido en la estructura del Vaticano como prefecto para la Doctrina de la Fe, estaba citado ayer para declarar en Lyon junto a otros seis miembros de la Iglesia por el encubrimiento de los abusos sexuales a menores del párroco francés Bernard Preynat en la década de los 80 y los 90. La asociación de las víctimas de los abusos La Parole Libérée decidió denunciar a Ladaria por haber tenido conocimiento de los abusos y no haberlo puesto en conocimiento de la justicia, lo que, entienden las víctimas, supone "no responder a la ley francesa".

La causa debía juzgarse entre ayer y mañana. Sin embargo, finalmente será en 2019. La razón es, precisamente, poder juzgar al mallorquín. La ley francesa obliga a traducir todo el sumario en la lengua materna de cualquier acusado citado desde el extranjero. La falta de traducción impedía ayer juzgar al jesuita y los juzgados de Lyon dieron la posibilidad a la acusación de iniciar el proceso con el resto de acusados y dejar a Ladaria fuera o aplazar el juicio de los días 7 a 9 de enero de 2019.

"No se puede desligar a Ladaria"

Para mantener al jesuita mallorquín y mano derecha del Papa en la misma causa, la acusación optó por el aplazamiento del juicio. "No tenemos prisa", explicó ayer en declaraciones a este diario el portavoz de la plataforma La Parole Libérée, François Devaux.

"Para nosotros no se puede desligar a Ladaria de la causa, ya que es importante que quede claro el conjunto de los hechos", señala Devaux, para quien "está claro que el Vaticano y Ladaria tenían conocimiento de los abusos".

El mallorquín de mayor rango en la Iglesia católica fue denunciado en la causa que juzga al cardenal y arzobispo de Lyon, Philippe Barbarin, después de que trascendiera que en 2014 este último contactó con Roma para saber cómo actuar tras tener conocimiento de los abusos sexuales de uno de sus párrocos por parte de una de las víctimas. El encargado de contestar fue el mallorquín, que ordenó apartar al cura pero evitando que "trascendiera a la opinión pública". "La Congregación, después de haber estudiado cuidadosamente el caso del sacerdote de vuestra diócesis, ha decidido confiarle la toma de las medidas disciplinarias adecuadas, siempre evitando el escándalo público", rezaba la carta enviada a Barbarin, que añadía, eso sí, que "no se le puede confiar ningún otro ministerio pastoral ni que suponga el contacto con menores".

Cuatro meses después, Preynat se despidió de sus fieles alegando tener problemas cardiacos. Durante esos meses el caso no se llegó a judicializar. Sólo fue después, en julio de 2015 y sin ningún conocimiento de las conversaciones entre Lyon y Roma, cuando las víctimas denunciaron a Preynat. Sólo entonces vio la luz la misiva.

Un retraso evitable

La acusación en la causa lamentaba ayer este nuevo retraso para juzgar los hechos. Según relató el portavoz de las víctimas a este diario, "los juzgados de Lyon nos dijeron en su momento que se harían cargo de la traducción e incluso nos consta que lo encargaron a sus servicios lingüísticos. Sin embargo, hace diez días nos llamaron avisando que éramos nosotros quienes debíamos traducir". "Pediremos la traducción, no tenemos ningún problema, pero ya podríamos tenerla si nos lo hubieran dicho hace tres meses y no ahora", señaló François Devaux, quien ve en las actuaciones de los juzgados de Lyon "cierta incomodidad por parte de la administración francesa en tener que juzgar a una persona que, al fin y al cabo, representa a otro Estado".