La futura ley balear de atención y derechos de la infancia y adolescencia obligará a que sean los ayuntamientos, y no los consells insulars como ocurre hasta ahora, los responsables de llevar a cabo las declaraciones de riesgo de un menor, así como todas las actuaciones materiales, técnicas y jurídicas que se derivan de esta declaración, según ha explicado esta mañana la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, en la presentación del anteproyecto de Ley. Para ello está previsto que entre el próximo año y 2020 se incorporen 85 profesionales a los equipos territoriales municipales de intervención de nueva creación, entre psicólogos, educadores, integradores sociales y abogados.

Santiago ha recordado que Balears es una excepción en este sentido ya que es la única Comunidad en la que la misma administración se encarga de todo el proceso, desde las declaraciones de riesgo a las tutelas. Con este cambio, la normativa será más "garantista" con las familias, según ha asegurado la consellera. La futura Ley cotempla la creación de una nueva figura de ámbito municipal, la Comisión de Declaración de Riesgo, que deberá existir en todos los municipios y que será la encargada de valorar las declaraciones de riesgo y las propuestas de proyecto de intervención social y educativo familiar.

El texto de la futura normativa autonómica ha sido consensuado entre Govern y Consells y presentado a los ayuntamientos de las islas. La próxima semana se pondrá a exposición pública para la presentación de alegaciones con la intención de que el Consell de Govern apruebe el proyecto en mayo y remitirlo al Parlament para que la Cámara balear le de el visto bueno definitivo. El anteproyecto se adecúa a la normativa estatal aprobada en 2015 y recoge, actualiza e incorpora el reconocimiento a los nuevos derechos de los menores de las islas, entre ellos el derecho a la no discriminación, a conocer sus orígenes, a tener un nivel básico de bienestar, a la formación y al acceso a la ocupación.