El Gobierno central ha puesto la lupa sobre la posible inconstitucionalidad Ley de Urbanismo de les Illes Balears (LUIB), aprobada el pasado mes de diciembre, y la Ley de Caminos impulsada por el Consell de Mallorca y que se está tramitando en el Parlament. Son las dos leyes territoriales estrella del Pacto de Izquierdas durante esta legislatura y el Gobierno central cuestiona que ambas normas puedan estar vulnerando la propiedad privada protegida por la Constitución.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hace unos días comunicó al PP de Balears que comanda Biel Company de que desde el Gobierno están analizando la Ley de Urbanismo y el borrador de la Ley de Caminos para comprobar si hay indicios de inconstitucionalidad en ambas normas, según explicaron fuentes del PP isleño. La posibilidad de expropiar caminos y patrimonio privado para uso senderista y la prohibición de ampliaciones de viviendas legales sin parcela mínima son los principales aspectos que podrían atentar contra la propiedad privada y que se están analizando por parte del Gobierno central.
Este anuncio se hace público poco tiempo después de que el recurso de Madrid ponga en peligro el plus de la carrera profesional para los funcionarios y el cobro de la ecotasa a los cruceros. De igual modo, la amenaza de recursos ante el Tribunal Constitucional por parte de Madrid siempre ha estado sobrevolando al Govern del Pacto de izquierdas. Basta recordar la Ley de Toros a la Balear o la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, entre otros. De igual modo, está sobre la mesa la posibilidad de que Madrid recurra el decreto que obliga al conocimiento de catalán en la sanidad pública de Balears.
En el caso de la Ley de Caminos, desde el Gobierno cuestionan que, con la norma impulsada por Podemos en el Consell y en tramitación en el Parlament, la administración pueda expropiar caminos, fuentes, bancales y elementos patrimoniales particulares, así como su zona de dominio, utilizando la declaración de utilidad pública y de rutas de interés excursionista. Asimismo, los agricultores y los grandes terratenientes ya han anunciado su total oposición a permitir "indiscriminadamente el libre tránsito en suelo rústico, ya que hace inviable el uso agrícola, ganadero, forestal o cinegético". Ante esta situación, los agricultores y propietarios están dispuestos a impedir que se llegue a aprobar y se ponga en marcha esta Ley de Caminos y han hecho llegar sus quejas contra la norma hasta Madrid.
Según ha podido saber este periódico, desde el Gobierno están esperando a la aprobación definitiva de la norma que regula los senderos para decidir si interponen el recurso ante el Tribunal Constitucional. Hay que recordar que esta ley fue impulsada por el Consell y es el Parlament quien la debe validar como norma que tendrá aplicación solo en Mallorca.
Por otra parte, la nueva Ley de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB), que entró en vigor el pasado 1 de enero para desclasificar las normas impulsadas por el PP, también es cuestionada por Madrid. Consideran que puede atentar contra la propiedad privada al dejar sin ninguna posibilidad de ampliación o construir porches y piscinas adyacentes a unos 6.000 inmuebles legales ubicados en suelo rústico en todas las Balears. Esto puede significar una merma de derechos para estos propietarios, según el PP.
El Pacto incluyó en la normativa, a instancias del Consell de Mallorca, una disposición adicional donde impide el incremento de edificabilidad en aquellos inmuebles que estén ubicados en una extensión que no tenga la parcela mínima de 14.000 metros cuadrados que está en vigor en la actualidad para edificar en el campo.
Estas más de 6.000 viviendas e inmuebles son legales porque fueron construidas antes de 1995, año en que entró en vigor la exigencia de parcela mínima, pero ahora tampoco podrán ampliarse y, lo más importante, no podrán construir ni piscinas o porches. Unos derechos que los propietarios pierden con la nueva ley urbanística del Govern.
